Las minorías están notificadas: no habrá cambio de las reglas del juego. Así la cosas, y tal vez con la excepción del Polo, parecen condenados a desaparecer Cambio Radical, el Mira, los Progresistas, el Partido Verde, el PIN y la ASI, pues difícilmente podrán superar el umbral del 3% en las próximas elecciones.
No obstante el discurso sobre la necesidad de que las minorías sobrevivan, el Gobierno y las mayorías oficialistas en el Congreso estaban realmente interesados en lanzarles un salvavidas.
De hecho, y pese a que por petición del Ejecutivo la representante Ángela Robledo del Partido Verde y el disidente del Polo Luis Carlos Avellaneda presentaron un proyecto para reglamentar las coaliciones —fórmula contemplada en la reforma política de 2011 que podía salvarlas—, ni el Gobierno ni la Unidad Nacional —en especial los liberales y el sector mayoritario de la U— movieron un dedo para sacarlo adelante, por miedo a una posible coalición de los conservadores con Uribe y su Centro Democrático. Pero fueron los propios partidos en riesgo —y sobre todo la oposición del Polo— los que sirvieron en bandeja el argumento que sirvió de justificación para que el Gobierno y al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se lavaran las manos y tiraran la toalla: la falta de consenso.
Minucias y argucias aparte, de no ser porque las conversaciones de La Habana obligan a mirar la política desde el hipotético pero no imposible escenario de un acuerdo que podría permitirles a las Farc crear un nuevo partido, recibir financiación estatal, tener acceso a los medios, hacer proselitismo y hasta llegar al Congreso mediante fórmulas de favorabilidad excepcionales, la discusión sobre la necesidad de salvar a las minorías políticas en vía de extinción tendría connotaciones diferentes a las que hoy tiene.
En la perspectiva de un acuerdo de paz, no tendría presentación alguna que, por no pasar el umbral, desaparecieran los partidos minoritarios que han jugado con las reglas de la democracia, mientras que las Farc ganan espacio gracias a una negociación política y a la generosidad de una sociedad dispuesta a hacerles grandes concesiones a cambio de su desmovilización y el fin de la confrontación armada. La paradoja sería que, en ausencia de fórmulas salvadoras, si las minorías no logran superar el umbral, su subsistencia acabara por depender de un acuerdo con la guerrilla, que haría imperativo cambiar las reglas del juego para todos.
Pero en ausencia de un proceso de paz, el debate sería otro y tendría que partir de preguntas sobre si la muerte de la mayoría de los partidos minoritarios en realidad significaría la pérdida de representatividad de algunos sectores sociales en el Congreso, o si vale la pena desandar lo andado en la dirección de tener menos partidos pero fuertes y organizados, en aras de salvar a pequeños grupos organizados al calor de coyunturas electorales, que hoy naufragan en la incoherencia ideológica y en medio de las contradicciones e intereses divergentes y personalistas de sus cúpulas. El caso más patético lo constituye el Partido Verde, que en tres años pasó del cielo al infierno, de ser la gran promesa de renovación política, a la gran frustración, convertido en un partiducho sin norte, dividido y contaminado por las prácticas clientelistas de siempre.
El debate está abierto, pero sólo es parte de uno mucho más amplio sobre la crisis de la política y de los partidos, y de su incapacidad para conectarse con el país real.
Las minorías están notificadas: no habrá cambio de las reglas del juego. Así la cosas, y tal vez con la excepción del Polo, parecen condenados a desaparecer Cambio Radical, el Mira, los Progresistas, el Partido Verde, el PIN y la ASI, pues difícilmente podrán superar el umbral del 3% en las próximas elecciones.
No obstante el discurso sobre la necesidad de que las minorías sobrevivan, el Gobierno y las mayorías oficialistas en el Congreso estaban realmente interesados en lanzarles un salvavidas.
De hecho, y pese a que por petición del Ejecutivo la representante Ángela Robledo del Partido Verde y el disidente del Polo Luis Carlos Avellaneda presentaron un proyecto para reglamentar las coaliciones —fórmula contemplada en la reforma política de 2011 que podía salvarlas—, ni el Gobierno ni la Unidad Nacional —en especial los liberales y el sector mayoritario de la U— movieron un dedo para sacarlo adelante, por miedo a una posible coalición de los conservadores con Uribe y su Centro Democrático. Pero fueron los propios partidos en riesgo —y sobre todo la oposición del Polo— los que sirvieron en bandeja el argumento que sirvió de justificación para que el Gobierno y al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se lavaran las manos y tiraran la toalla: la falta de consenso.
Minucias y argucias aparte, de no ser porque las conversaciones de La Habana obligan a mirar la política desde el hipotético pero no imposible escenario de un acuerdo que podría permitirles a las Farc crear un nuevo partido, recibir financiación estatal, tener acceso a los medios, hacer proselitismo y hasta llegar al Congreso mediante fórmulas de favorabilidad excepcionales, la discusión sobre la necesidad de salvar a las minorías políticas en vía de extinción tendría connotaciones diferentes a las que hoy tiene.
En la perspectiva de un acuerdo de paz, no tendría presentación alguna que, por no pasar el umbral, desaparecieran los partidos minoritarios que han jugado con las reglas de la democracia, mientras que las Farc ganan espacio gracias a una negociación política y a la generosidad de una sociedad dispuesta a hacerles grandes concesiones a cambio de su desmovilización y el fin de la confrontación armada. La paradoja sería que, en ausencia de fórmulas salvadoras, si las minorías no logran superar el umbral, su subsistencia acabara por depender de un acuerdo con la guerrilla, que haría imperativo cambiar las reglas del juego para todos.
Pero en ausencia de un proceso de paz, el debate sería otro y tendría que partir de preguntas sobre si la muerte de la mayoría de los partidos minoritarios en realidad significaría la pérdida de representatividad de algunos sectores sociales en el Congreso, o si vale la pena desandar lo andado en la dirección de tener menos partidos pero fuertes y organizados, en aras de salvar a pequeños grupos organizados al calor de coyunturas electorales, que hoy naufragan en la incoherencia ideológica y en medio de las contradicciones e intereses divergentes y personalistas de sus cúpulas. El caso más patético lo constituye el Partido Verde, que en tres años pasó del cielo al infierno, de ser la gran promesa de renovación política, a la gran frustración, convertido en un partiducho sin norte, dividido y contaminado por las prácticas clientelistas de siempre.
El debate está abierto, pero sólo es parte de uno mucho más amplio sobre la crisis de la política y de los partidos, y de su incapacidad para conectarse con el país real.