La campaña electoral evidencia, una vez más, que el clientelismo, el apetito burocrático y la desnutrición programática son enfermedades crónicas de los partidos y que la nefasta combinación de criminalidad y política no ha desaparecido.
De muy poco han servido las diferentes reformas para depurar la política, pues se han quedado en el papel o han sido insuficientes para enfrentar los problemas y amenazas que reaparecen en cada elección.
En relación con 2010, el panorama electoral de este año es un poco distinto, según la Misión de Observación Electoral: menos municipios expuestos a la interferencia de grupos ilegales, pero muchos más en riesgo de fraude y corrupción asociados con el ejercicio de la política: 410 municipios frente a 297 en 2010.
Falsas las promesas de casi todos los partidos en el sentido de que no permitirían personas cuestionadas o sus parientes en las listas, pues en varias figuran familiares de excongresistas que son o han sido investigados o condenados por parapolítica. Justifican su laxitud al avalarlos con el socorrido argumento de que los delitos de sangre no se heredan. Pero heredan las estructuras clientelares armadas por sus mentores mediante prácticas corruptas y criminales, y para los partidos primero los votos que la ética. El régimen de responsabilidad política, rey de burlas.
El cinismo y la corrupción campean. ¿Cómo explicar que algunas campañas, sobre todo en Córdoba, Cesar y Atlántico, cuesten miles de millones de pesos cuando el tope legal es de 750 millones? ¿Quiénes las financian y qué compromisos adquieren los candidatos con sus mecenas? ¿Pueden los senadores de la U, Armando Benedetti, Musa Besaile, el ‘Ñoño’ Elías, José Alfredo Gnecco, Roy Barreras y Carlos Enrique Soto, entre otros, demostrar que sus campañas no han sobrepasado los topes? ¿Y qué dicen al respecto los goditos Gerlein y Cepeda? ¿Y el liberal Álvaro Ashton? ¿Y Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical? ¿Y los de Opción Centro, entre ellos Mauricio Aguilar —hijo del exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica—, que recorre Santander en una flotilla de 4x4? ¿Y los del MIRA? ¿Y el aspirante a la Cámara Yahir Acuña —protegido del exgobernador paramilitar Salvador Arana—, el fenómeno electoral que amenaza con derrocar el imperio de los García Romero e Sucre?
Frente a la danza de los millones, el Consejo Nacional Electoral ‘ni pío’. Carece de la capacidad institucional y técnica para garantizar la transparencia del proceso electoral, pero también de autonomía e interés, pues como sus miembros reflejan la composición del Congreso, difícil que muestren disposición para meter en cintura a los candidatos mañosos de sus partidos. Mientras tanto, los decentes —nuevos y repitentes— deben competir contra los clientelistas, los corruptos y los herederos de los parapolíticos en condiciones desiguales y sin garantías reales.
Con razón el hastío con la política, con los políticos y los partidos. Algo hay que hacer para acabar con tanta vagabundería. Para empezar, darle jaque mate a la reelección por el efecto perverso de la mermelada; acabar con el voto preferente que convirtió a los candidatos en protagonistas por encima de los partidos; eliminar la circunscripción nacional para Senado que encareció y pervirtió las campañas; limitar a dos los períodos de los congresistas para romper con la endogamia del sistema, con los clanes y castas, para que la política no siga siendo un lucrativo modo de vida y recupere su función de servicio público. Soñar no cuesta nada.
