El proyecto paramilitar: ¿legítima defensa?

En las últimas semanas, intelectuales y periodistas han expresado por qué el proyecto que encarna Abelardo de la Espriella (ADLE) representa un peligro para la institucionalidad democrática del país. Yo quisiera agregar a sus advertencias una referente a la naturaleza del paramilitarismo.

Según declaraciones que ADLE dio para Semana en 2008, el paramilitarismo representó, según él, una estrategia de defensa a todas luces legítima impulsada por “gente que se vio arrastrada a hacer unas alianzas por la ausencia del Estado”. Pero ciertos archivos, expedientes y testimonios hablan de otra historia que vale la pena recordar.

Los orígenes del paramilitarismo

Las alianzas entre sectores mafiosos, políticos y agentes de inteligencia y de la Fuerza Pública tienen sus raíces en el M.A.S. (Muerte A Secuestradores), una organización que el propio procurador Carlos Jiménez Gómez denunció en 1983 y que develó la existencia de nexos entre agentes activos de la Fuerza Pública y mafiosos para combatir a la guerrilla. En efecto, la creación del M.A.S., como su nombre lo indica, fue precipitada por el secuestro de Blanca Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, figuras prominentes del Cartel de Medellín.

Pero el secuestro es solo parte de los factores desencadenantes y no explica enteramente por qué un sector de la Fuerza Pública tomó la decisión de seguir el camino de la ilegalidad y aliarse a la mafia con tal de derrotar a su enemigo común, la guerrilla.

Para comprender esa opción, es necesario tomar en cuenta que la FP venía de operar durante cuatro años en el marco del Estatuto de Seguridad expedido por el gobierno de Turbay. El Estatuto suspendía derechos como el del Habeas Corpus y transformaba en actos delictivos la libre expresión y la protesta. Los delitos estipulados además pasaban a ser juzgados, no por jueces de la república sino por militares en Consejos Verbales de Guerra realizados en las propias instalaciones militares. Las nuevas normas dieron lugar a detenciones masivas sin orden judicial y a Consejos Verbales de Guerra que de manera expedita declararon culpables a quienes estaban siendo juzgados.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos que desencadenaron, estos dispositivos confirieron a sectores de la FP un sentimiento de haber alcanzado la autonomía en materia de seguridad que tanto reclamaban y que, según ellos, les daría la victoria militar definitiva sobre sus enemigos. El mensaje era claro: para ellos, los derechos humanos y las garantías civiles y políticas democráticas eran un estorbo para alcanzar la eficacia militar que necesitaban y el debido proceso, pilar fundamental de una democracia, era una noción romántica inaplicable en un país hundido en un conflicto armado interno

A pesar de la defensa del Estatuto que hizo la cúpula militar, las denuncias por violaciones a los derechos humanos –allanamientos y detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y desaparición forzada— llevaron a su desmonte en 1982, año que correspondió con la elección de Belisario Betancur como presidente.

Betancur, con el fin de afianzar las condiciones para avanzar hacia una paz negociada, decretó a los pocos días de su posesión una ley de amnistía. Esta y otras decisiones (Diálogo Nacional; Apertura Democrática; firma de acuerdos con las guerrillas) fueron vistas como traición por los sectores de la FP que se habían sentido a un paso de alcanzar la victoria militar definitiva.

La autonomía militar clandestina y el afianzamiento de las alianzas

Es en este contexto que cristaliza “la autonomía [militar] clandestina”, una que, como bien lo demostró la investigación de Forensic Arquitecture sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, se mantenía activa en 1985, dejando su sello en las torturas, desapariciones y asesinatos sufridos por civiles detenidos en esos días por la FP.

Esa autonomía clandestina (claramente ilegal) llevaría a sectores de la Fuerza Pública a actuar por fuera de las normas constitucionales y a urdir alianzas con sectores empresariales y políticos para promover una respuesta paramilitar. Aplicando esquemas de inteligencia turbios y opacos, el paramilitarismo persiguió, amenazó, desapareció y asesinó a todas las personas que tildó de “comunistas” y que bajo esa rúbrica convirtió en objetivo militar.

Con el fin de ganar la guerra, el paramilitarismo incorporó el terror en sus repertorios de actuación: recurrió a masacres de personas en estado de absoluta indefensión, torturas públicas, violaciones sexuales grupales, amenazas colectivas, que culminaron en muchos casos en traumas colectivos de largo aliento y el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Entre sus víctimas pudo haber integrantes de las guerrillas que, en todo caso, merecían y tenían derecho a un debido proceso. Pero también cayeron sindicalistas, estudiantes, profesores, artistas, periodistas, líderes y lideresas que luchaban por la paz, por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+, por el medioambiente, por los derechos laborales, por la tierra, por los territorios, por el pensamiento crítico, o militantes de izquierda desligados de la guerrilla y críticos de la lucha armada.

Ahora bien, ¿por qué el comunismo sirvió en el proyecto paramilitar de etiqueta para estigmatizar y declarar a las personas “objetivos militares”? Además de que algunos capos mafiosos podían ellos mismos adherir a visiones muy conservadoras, este aspecto ideológico se le debe sobre todo a los sectores de la FP que hacían parte de estas alianzas y que venían de un adoctrinamiento anticomunista durante los años de la Guerra Fría al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El orden paramilitar

En 1997, en Córdoba (y esto no es una casualidad) distintos grupos paramilitares se articularon bajo una organización-paraguas, las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.). En los años siguientes, sus bloques, con el respaldo de sectores de la FP y de empresarios y políticos, se expandieron por la región Caribe y el sur del país. Una vez expulsaron a las guerrillas aplicando sus repertorios de terror, se instalaron en los territorios y fungieron como gobierno, mostrando su verdadera aspiración: fundar órdenes sociales limpios, callados y obedientes que respondieran a sus intereses y valores.

Bajo su dominio, los grupos paramilitares, dictaron a qué horas acostarse, cómo vestirse, qué rituales fúnebres se podían practicar y cuáles no; expulsaron a campesinos y se hicieron a sus tierras; y desarticularon organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas. A nombre de un orden limpio, regularon tanto lo que ocurría en la calle, en el barrio, en la vereda, como en la familia, dando lugar a totalitarismos locales regidos por el miedo y la tristeza. Como lo expresó una víctima, en estas tierras, hasta “tocó llorar pasito”.

¿El retorno del paramilitarismo?

En el país, a raíz de las negociaciones que dieron lugar a la desmovilización de parte de las AUC en 2006 y luego del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-E.P., se emprendieron enormes esfuerzos institucionales por desarticular las alianzas criminales que dieron lugar al fenómeno paramilitar. Se buscó además consolidar condiciones que garantizaran a la oposición política de izquierda la posibilidad de gobernar. Parte del triunfo de la izquierda en 2022 es fruto de estos esfuerzos.

Pero a quienes piensan que nuestras instituciones son lo suficientemente sólidas para resistir los intentos de un retorno al paramilitarismo de nueva cara, yo les recordaría que el anterior se fundó y prosperó en medio de un país que celebraba elecciones, aprobaba una nueva constitución y se proclamaba democrático.

Y sí: sin lugar a dudas, una parte de la población vivía en regiones y ciudades donde los conflictos sociales y la vida cotidiana transcurrían en un marco democrático, pero otra muy importante no podía llorar a sus muertos ni tenía tiempo para la tristeza. En esa Colombia, las alianzas criminales imponían sus normas, infligían terror y acumulaban riqueza.

Ese país, tan desalmado y cruel, ¿es al que queremos retornar el domingo 21? Y lo pregunto, no porque desconozca los avances democráticos de las instituciones en estos últimos años, sino porque los actores y sus alianzas non sanctas pueden reactivarse desde la cabeza del Estado y conducirnos de nuevo por caminos totalitarios.

P.D. Votar en blanco es un derecho legítimo. Pero, dados los resultados de la primera vuelta, votar en blanco equivale a refrendar la ventaja de ADLE y pensar que los peligros para la democracia que él representa son equivalentes a los que encarna Cepeda. Para ver por qué este argumento no se sostiene, vale la pena escuchar a Claudia López o leer a Rodrigo Uprimny.