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Las siete plagas cayeron sobre Colombia. Pero, sin caer en la cuenta de que su comportamiento es monstruoso, inhumano e inmoral, algunos están muy ocupados con la reelección, ya sea a favor o en contra. Otros son congresistas que llegaron de rebote a sus curules porque los principales están en la cárcel.
Otros más –alcaldes, gobernadores, un actual magistrado del Consejo Nacional de la Judicatura, abogados vitrineros como Bernal Cuéllar– están en la tarea de demostrar que su relación con DMG no existió.
En un aspecto distinto, la propia Íngrid (cuyo sufrimiento pasado respetamos inmensamente) llama a la marcha contra el secuestro y, fuera de órbita, señala que el colombiano que no marche no “se merece” la Navidad.
¿A quién se estará refiriendo: a los indígenas, a la gente de Belalcázar, a los de Nechí, a los cuatro millones de desarraigados, a las víctimas de las catástrofes naturales como la avalancha del volcán nevado del Huila?
Y están los que no quieren ver. Así como trataron a Piedad Córdoba de traidora, ¿tratarán ahora a Cecilia López de antipatriota, porque demostró este martes en el Congreso la demora en actuar y la doble moral del Gobierno?
¿Dirán lo mismo contra los que imploran que se actúe de inmediato? ¡Y pensar que bastaba con subir las cotas de los puentes, reubicar a la gente que necesariamente iba a sufrir los percances del invierno, o diluir con medidas financieras oportunas la angustia repetida de la pobreza!
La aberrante inoperancia de la sociedad colombiana sólo parece ser capaz de lo discursivo sin llegar a lo operativo.
Ante tanta ineficacia del Estado, ¿quién será capaz de liderar, como Compartir en otra época, y desde el sector privado en todas sus expresiones, el reto de la solidaridad prioritaria contra la acción de las fuerzas de la naturaleza?
Y en vez de pirámides ilusorias, o de marchas que ya han agotado su sentido, ¿no es hora de aplicar el “cómo” para superar, una a una, mediante el esfuerzo colectivo, las siete plagas?
Nota: Mi total respaldo a Semana y a su director frente a las increíbles pretensiones de la jueza en la rectificación solicitada, contraria a sentencias de la Corte Constitucional.
