EN EL FULGOR DE LA COMPRENSIBLE reacción social por aberrante abuso sexual de bebés y filicidios, se propuso un referendo sobre prisión perpetua.
La Ley 1327 de 2009, que lo convoca, está ahora para fallo de la Corte Constitucional. Al menos ya se desligó de las elecciones políticas, porque habría sido un argumento ideal para quienes apelan al miedo para disuadir de comportamientos.
Esa reacción visceral y primaria de clavar o matar al chivo expiatorio es una manera de eludir las realidades. La sociedad se cura en salud, creyendo que así desaparecerán los problemas, ante todo éticos y relacionales o, si se quiere, patológicos, de Colombia.
El informe de Medicina Legal, a diferencia de lo que se nos ha hecho creer, señala que de 15.250 homicidios en 2008 se pasó a 17.717 homicidios en 2009, por cierto, sólo 6% atribuibles al conflicto armado. Como bien lo recalcó ayer el encabezado de la noticia en El Espectador, eso sucede en el país más feliz del mundo. Tan sólo en los casos denunciados (y por lo tanto contabilizados) la violencia sexual pasó de 13.552 en 2001 a 21.612 en 2009 y la violencia intrafamiliar de 62.123 casos en 1999 a 93.859 en 2009. Según la teoría que encuentra la solución en el castigo y no en la prevención, ese clima social desaparecería.
Pero el tema del referendo es también una aberración jurídica, como bien lo demuestra el libro del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Gómez Velásquez. Demuestra las contradicciones que una medida como la prisión perpetua acarrearía no sólo en el campo constitucional, sino penal. Por ejemplo, descuartiza lo que debería ser un enfoque global, pero no incluye delitos como los relacionados con la prostitución (arts. 213-215) o el incesto (art. 237). El doctor Gómez menciona medidas alternativas eficaces y demuestra cómo semejante adefesio no sólo no conseguirá el objetivo, sino que excluye toda posibilidad de readaptación, de reparación a las víctimas y, a mi modo de ver, de cambio de mentalidades en un esquema de respeto mutuo.
Ojalá que la Corte Constitucional, en su sabiduría jurídica, le ponga coto a este nuevo esperpento.
