Hay algo que suena hueco en la reacción de la alcaldesa Claudia López, durante los últimos días, a los sucesos violentos de la semana pasada en Bogotá.
Su rabia y su dolor han sido auténticos. La tristeza en los videos que trinó me conmovió, al igual que a muchos navegantes. Su solidaridad con las familias de los muertos y heridos —incluidos los que están en el hospital de la Policía— nos ofrece un gobierno humano y cercano a sus ciudadanos que da esperanza. Su valentía está en llamar las cosas por su nombre y decir sin titubeos que los abusos de la fuerza pública están mal, que no deberían suceder, pero que destruir bienes públicos que han costado millones de pesos pagados con esfuerzo por los mismos bogotanos en impuestos tampoco está bien, ni conduce a ningún cambio.
Como ella mismo dijo, que caigan heridas de bala diez personas y queden lesionados otros 72 civiles y 170 policías es muy grave. Más aún cuando videos que duran 90 minutos documentan robocops desplegando ferocidad en diversos barrios en simultánea y personas sin uniforme, presuntamente policías, disparándoles a civiles desarmados. Es encomiable, entonces, que su equipo de gobierno haya documentado rápidamente las 119 denuncias de abuso policial y haya entregado estas evidencias, junto con los videos, al Gobierno y la Procuraduría, para que tomen medidas y retiren del servicio a los que violaron la ley y la confianza que depositamos todos en ellos.
Todo eso está muy bien. Pero hay dos cosas que no me cuadran en este relato. La primera, que a López le cabe parte de la responsabilidad en que la Policía esté abusando de su poder. Ella, al igual que muchos otros alcaldes, constantemente llamó a los policías a castigar, multar, perseguir a todos esos ciudadanos “indisciplinados”, que salían al rebusque porque “ponían en riesgo a todos”. Les dio así rienda suelta para que hicieran lo que tuvieran que hacer con tal de impedir que la gente violara la cuarentena.
Por eso no es casualidad que, hasta donde se sabe, al menos otras nueve personas, según documentó 070 —Janner (22) y Ánderson (19), de Puerto Tejada; Jaider (17), de Codazzi; Estela (50), de Buenaventura; Duván (15), de Soacha; Ángela (23), de Cumbal, Nariño; Kevin (23), de Bogotá, y una persona cuyo nombre se desconoce en Cali— hayan muerto por golpizas o balas policiales. La mitad de ellos estaban siendo reprimidos por no atender la cuarentena. ¡Qué ironía, matar gente para asegurar que se cuide la vida! Pero fueron los alcaldes los que les dieron la patente de corso.
Ese mea culpa nos lo debe Claudia.
La segunda cosa que no me suma es que López no termina de reconocer sus falencias como jefe máxima de la seguridad en Bogotá. En esa calidad, ¿qué hizo cuando se enteró del primer muerto a manos policiales? ¿Qué ordenó cuando empezaron a llegarle los primeros videos de abuso? ¿Qué instrucciones dio? ¿Se reunió con la cabeza de la policía bogotana, el general Óscar Gómez Heredia, para revisar las evidencias a medida que llegaban y poner freno inmediato a los abusos? ¿Lo intentó y no le hicieron caso? ¿Por qué no les cuenta a los ciudadanos cómo intentó responder? ¿Está ahora su equipo identificando vándalos y policías abusivos?
La responsable del gobierno de la ciudad es López. No puede actuar como si no lo fuera. La verdad empieza en casa. Cuando ella nos cuente realmente qué pasó, por qué ella y su equipo de gobierno y seguridad —excelentes funcionarios— perdieron el control, entonces habrá empezado la reforma policial de fondo que está pidiendo.
