Los colombianos apreciamos la familia, el fútbol, los paseos, los amigos, la poesía. Pero siempre vemos mal a los gobiernos, la justicia, la salud pública, etc. Por eso, de vez en cuando, vale la pena apreciar instituciones que han podido resucitar luego de crisis profundas.
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Estoy hablando de la justicia. Hace casi una década, los largos procesos a los parapolíticos arrastraron a algunos magistrados al fango de la corrupción; vendían decisiones a cambio de coimas multimillonarias. A comienzos de este mes, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas contra Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, quienes fueran magistrados de la misma Corte. Ricaurte tendrá que completar 16 años preso; Malo, nueve años. Los dos actuaron para favorecer a otros funcionarios de Estado, senadores y gobernadores, a su vez corrompidos por los paramilitares, quienes habían cometido centenares de masacres y desapariciones. No se puede caer más bajo.
La semana pasada, la Sala de Primera Instancia de la misma alta corte condenó a otros tres ex magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio: Fausto Días, Alcibiades Vargas y Joel Trejos. Les dieron diez años de prisión domiciliaria, en consideración a su edad, pues los tres son mayores de 65 años. No es la sentencia definitiva, pero sí es demoledora.
Marbelly Jiménez había sido condenada por tres asesinatos, incluidos el de su marido y de su hijastro para apropiarse de la serviteca Autorrollings. Dos de los magistrados, Trejos y Vargas, reversaron su condena en segunda instancia a cambio de un pago de dos mil millones de pesos, esto es equivalente a lo que gastó la Escuela de Administración Pública en contratar a 17 docentes por un año. Jiménez les financió además fiestas en un balneario con comida, trago y mujeres pagas que iban vestidas de minnie-mouse y de enfermeras. No puede un juez deshonrar más su toga. A Díaz lo condenaron por haber ayudado en sus procesos judiciales a los sobrinos de alias Cuchillo, un jefe narcoparamilitar responsable de las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, con 69 víctimas.
Esta historia y las demás del Cartel de la Toga pueden mirarse con desesperanza: si se corrompe la sal, el país es inviable… y eso. No obstante, otra conclusión posible es que la propia justicia ha tenido la entereza de castigar con severidad a esos corruptos, sin importar sus cargos. Esa justicia independiente, a pesar de la violencia, las intimidaciones, las ofertas de sobornos, es más grande que muchas del continente.
La justicia colombiana condenó a varios congresistas que recibieron platas de los carteles del narcotráfico en los noventas, en lo que se llamó el Proceso 8000. También procesó y condenó a más de 50 congresistas por su complicidad con el paramilitarismo y las guerrillas, incluidos a algunos que colaboraron explícitamente con masacres por simples y cínicas razones electorales. A pesar de los vacíos que dejó, la justicia procesó y condenó a dos ex viceministros, a dos ex senadores y al presidente de una poderosa financiera, por dar o recibir sobornos en el caso de la constructora Odebrecht. Y ahora, aunque ha tardado, está llegando a condenar definitivamente a colegas magistrados por haber vendido su investidura a postores de quinta categoría.
A los jueces que hoy están considerando corromperse les vendría bien mirarse en el espejo de estos magistrados condenados. Sus títulos obtenidos con esfuerzo quedaron invalidados; sus alumnos, seguramente se avergüenzan de ellos; y ellos, ya viejos, aunque les queden millones, su legado profesional y familiar quedó en ruinas. Por eso, a pesar de que a veces pierda su camino, vale la pena apreciar la justicia colombiana que aún tenemos.
