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5 Dec 2022 - 5:30 a. m.

Con sus impuestos pagan a mercaderes de la manipulación

La práctica política del autobombo con recursos públicos es dañina pero vieja conocida. En su aplaudido reporte de 2008 “El precio del silencio”, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ya advertía que los gobernantes de siete países latinoamericanos —Colombia entre ellos— utilizaban la publicidad oficial para premiar a medios que inflaban sus logros y castigar a los que hacían su labor de informar críticamente.

Colombiacheck acaba de publicar esta semana cómo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha extremado la práctica sin pudor. Con plata de los antioqueños les paga a unos cuantos sitios digitales para que lo alaben. Por ejemplo, a Totus Noticias, con 677 seguidores en Twitter y creado apenas salió elegido alcalde, Telemedellín le dio avisos oficiales por $179 millones.

Gastar el escaso dinero de los impuestos en inflar los egos de los gobernantes está mal, pero ya tenemos defensas. El ciudadano sabe descreer saludablemente de las verdades oficiales y la zalamería a los gobernantes producida por medios arrodillados con pauta publicitaria oficial. Hasta en China, donde la colosal censura se asegura de que toda la comunicación pública esté alineada con el régimen, hoy millones de personas protestan en Shanghái y Beijing por la falta de libertad y juegan al gato y al ratón en las redes sociales para evadir a los tiránicos censores, como lo narra AP.

Sin embargo, la revolución digital trajo una nueva clase de propaganda oficial más insidiosa y perversa, porque se construye no ya de vanas alabanzas, sino de hechos distorsionados, mentiras fabricadas y confusión deliberada. Los expertos la llaman desinformación, porque no se trata de exageraciones espontáneas de los adeptos de una causa ni de insultos libres de un ferviente seguidor de otra; son máquinas invisibles de falsedades vestidas de opiniones auténticas, cuidadosamente orquestadas para que sean creíbles.

El trabajo de Colombiacheck (que hace parte de la investigación transfronteriza “Política falaz”, de siete medios y el CLIP, que yo dirijo) revela que la firma BrandMen S. A. (con un sitio web, Lado B) recibió un pequeño contrato para difundir una campaña de la alcaldía de Quintero. No parecen haber publicado la campaña contratada, pero los periodistas encontraron un documento donde consta que esta empresa le había ofrecido a Medellín en 2019 “entre 10.000 y 500.000 cuentas de «memes, fakes, personajes, trolls, viralizadores» propios de #BrandMen”. También se halló que esta misma firma había sido contratada por el Mintic cuando Quintero era viceministro allí.

Pareciera que el oficio de esta empresa es contaminar la discusión pública para favorecer a quien le pague. Y, según constató Colombiacheck, también desinforma, así como lo hace a menudo el sitio Minuto 30, el mayor receptor de contratos de pauta publicitaria entregados por Telemedellín, por $3.485 millones. Sorprendente es también que los investigadores descubrieran que el Gobierno Duque gastó otras millonadas en una empresa de discurso uribista y nombre resbaladizo (IM Noticias, IM Other News Networks o InFocus Madrid) que, entre otras cosas, diseminaba falsedades contra el propio Quintero.

Algo similar encontraron los otros medios aliados en “Política falaz”: en México se paga la distribución de mensajes falsos o manipulados con dinero público disfrazado de verificación y en Bolivia son funcionarios los que desinforman y atacan a opositores.

La ironía no puede ser mayor: los pagadores de impuestos ahora financiamos las campañas de políticos vanidosos hechas por comerciantes inescrupulosos para que nos mientan y nos confundan. Lo peor es que consiguen oscurecer la verdad con bastante éxito, pues las falsedades nos llegan al celular por los grupos de amigos y parientes, entonces nos resultan confiables. Y por la novedad, aún no desarrollamos el antídoto.

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