Cuando el canario muere…

María Teresa Ronderos
24 de octubre de 2022 - 05:30 a. m.

Rafael Moreno era el clásico líder de provincia colombiano, de aquellos que se atreven a asomar la cabeza para buscarles a sus conciudadanos una vida mejor, en medio de amenazas y riesgos. Era periodista con su página Voces de Córdoba, donde lo mismo denunciaba que la comunidad del barrio El Éxodo, de Puerto Libertador, estaba molesta por una obra mal hecha o le hacía propaganda a su restaurante Rafa Parrilla, con el que completaba sus ingresos.

Moreno deja una viuda, dos hijos pequeños y a la gente de dos pueblos, Puerto Libertador y Montelíbano, un poco huérfanos. Perdieron una voz que se atrevía a defender derechos y denunciar abusos.

Lo abalearon sicarios el pasado 16 de octubre en su restaurante. Es el primer periodista en Colombia que matan este año por razones de oficio.

Moreno defendía todo lo que Gustavo Petro y Francia Márquez defienden.

No sé por qué hasta el cierre de este escrito nadie del Gobierno se había pronunciado.

¿Debería haber una diferencia, no? Matar periodistas y líderes comunitarios bajo el gobierno de Gustavo Petro debería producir una acción distinta que bajo gobiernos que por años miraban indolentes la carnicería de miles de dirigentes valientes que emergían en pueblos y barrios, ¿no es cierto?

Rafael Moreno defendió los derechos de los mineros artesanales en la mina El Alacrán. Por años, ellos habían pedido permiso para obtener la licencia y mejorar la calidad ambiental de su minería de oro, pero le dieron la licencia a una empresa privada. Aun así, han venido negociando con esta para llegar a acuerdos que no los dejen sin su sustento ancestral. Por lo que él luchó toda la vida, a la vicepresidenta Márquez debería impresionarle este homicidio.

Moreno denunció que en la región del San Jorge, promisoria en diversos minerales, a los campesinos les están comprando tierras a punta de intimidación. A Cecilia López, ministra de Agricultura, que se propone beneficiar a los sin tierra, debería dolerle esta pérdida.

Moreno investigaba y denunciaba la corrupción de los políticos locales. Iván Velásquez, ministro de Defensa, un gran luchador anticorrupción, debería asegurarse de que la policía esclarezca este asesinato. La ironía es que hasta ahora solo hayan lamentado esta muerte los políticos locales.

Moreno tuvo la osadía de decir públicamente que el “paro armado” de este año, ordenado por el tremendo Clan del Golfo, dejaba a la gente más pobre de lo que ya era. Danilo Rueda, consejero de Paz, debería sentir que es urgente saber si el Clan lo mató, pues, en caso de comprobarse, la voluntad de sometimiento de este grupo sería dudosa.

El Clan sacó un comunicado diciendo que ellos no mataban periodistas, que más bien los protegían. No obstante, un líder social de la zona dice que allá nadie se atreve a mandar matar sin permiso del Clan. Cobran multas millonarias por muertes no autorizadas.

El periodista es el canario que trina en la mina para saber que no se escapa el gas letal. Cuando el canario muere es porque viene la ola mortal. En zonas de Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Bajo Cauca hay grupos criminales imponiendo censura. Los reporteros tienen que mostrar lo que van a publicar y no pueden viajar sin autorización. Como en los viejos tiempos.

Ese es el legado del pasado. Este Gobierno puede ser distinto y asegurarse de que el asesinato del primer periodista que matan por razones del oficio bajo su vigilancia no quede impune. Demostrar que no se pueden asesinar periodistas ni líderes locales sin castigo. Podría dejar en claro desde ya que sí le importan los nadies.

 

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