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DESDE VARIAS ORILLAS IDEOLÓGIcas se está afirmando que si California aprueba la despenalización de la marihuana el próximo 2 de noviembre, quedaría en interrogación la guerra contra las drogas orquestada por Estados Unidos en el continente americano desde hace más de 30 años.
Y crece el consenso de que la política prohibicionista ha fracasado. En Houston, cómplices de la banda de traficantes mexicanos Los Zetas mantienen rehenes a los migrantes ilegales que han escoltado en su cruce por el hueco hasta que sus familiares pagan el rescate. En la región de la turística Cancún, cuatro grupos de narcos se pelean el territorio y mil jóvenes integran pandillas.
En Olancho, Honduras, en las pistas de las viejas haciendas bananeras, aterrizan aviones cargados de cocaína colombiana que vienen de Venezuela y los homicidios por sicario siguen subiendo, mientras las espumas de las ganancias del negocio untan la política. El Petén, Guatemala, está sembrado de narcoavionetas abandonadas, hay dos directores de policía presos y tres ex ministros procesados por lavado y corrupción. En El Salvador, las maras o pandillas de jóvenes de familias desintegradas se volvieron asesinos a sueldo y de la paz política recién sellada germinaron organizaciones criminales que han permeado las frágiles instituciones democráticas. Un diputado de ese país está acusado de haber ordenado el asesinato de los tres miembros del Parlamento Centroamericano en 2007 en Guatemala.
En Panamá, el hermano del presidente Matinelli fue detenido con su mujer en Guadalajara, por sospecha de que lavaban dólares para el cartel mexicano de los Beltrán Leyva y el brazo de los carteles mexicanos también parece haberse extendido hasta Perú, a juzgar por los sangrientos asesinatos en pleno centro de Lima en el último año. En Bolivia, los presos por tráfico de coca se han multiplicado por cuatro, pero ni cae la producción ni cede la violencia.
En la pacífica Argentina, creciente consumidor de drogas en América, cada vez más chicos de las barriadas porteñas mueren a bala. Como muchos jóvenes de las urbes desiguales del continente, han sustituido el discurso revolucionario de antaño por una especie de insurgencia criminal contra toda autoridad. Y en las 730 favelas de Río de Janeiro, los del Comando Vermelho pujan por territorio con los del Comando Puro de Terceiro y los de los Amigos de Amigos, y enfrentan en combates a una policía que puede ser más brutal que ellos mismos.
Colombia dejó de ser la única cuna de sicarios, triste logro, porque aquí tres décadas de lucha contra el narcotráfico dejan como saldo la muerte de algunos de nuestros mejores líderes, un negocio que sigue intentando cooptar el poder público, y cada nueva cohorte de narcos es más rapaz que la anterior.
¿Es el narcotráfico la causa principal de tan sombrío panorama? ¿Si se legalizan las drogas, según lo sostienen ya en público algunos mandatarios, tendríamos gobiernos democráticos en control, conduciendo sociedades igualitarias, justas y prósperas? ¿Podría restaurarse la legitimidad perdida a ojos de millones de jóvenes marginales y el crimen organizado que, también trafica armas, migrantes y mujeres, agonizaría por falta de combustible? Quizás habría mejoras…
No obstante, hay que considerar que fuerzas de cambio más profundas están en juego. Y que el narco no es causa, sino síntoma de la profunda crisis de gobernabilidad que golpea a nuestros Estados. Pero, claro, si así pensáramos, tendríamos que buscar el camino de salida mirándonos por dentro, y siempre resulta más conveniente concluir que el problema es ajeno y que, por lo tanto, las soluciones no están en nuestras manos.
