Una prueba reciente de cómo la libertad de prensa en la era digital está siendo arrinconada en el mundo fue la suspensión de RightsCon, la conferencia global sobre derechos digitales, a ocho días de celebrarse. Cuando sus 2.600 invitados estaban a punto de viajar a Lusaka, Zambia, presumiblemente ante las presiones del gobierno chino “porque los representantes de la sociedad civil de Taiwán iban a venir en persona a la conferencia”, se canceló.
Defender los derechos digitales es exigir la posibilidad de expresarse libremente, ser protegido frente la persecución, el odio y, por supuesto, poder rechazar enérgicamente la censura, como sucede no sólo en China.
Las plataformas digitales globales actúan como los nuevos mega-medios mediadores de la información del mundo, según dice la experta Julia Angwin. Por ello mismo deberían ser los garantes de la libertad de prensa, más allá de si el talante de un gobierno es autoritario. No obstante, su interés primordial es preservar el negocio, que paradójicamente construyeron sobre los hombros de los medios periodísticos.
Deberíamos dar esa discusión en Colombia. Las viejas amenazas –grupos criminales aliados con políticos corruptos que amedrentan periodistas y los siguen matando— siguen ahí acechando. Pero la arena digital nos ha traído nuevos riesgos insidiosos que buscan destruir moralmente a los periodistas independientes y desvalorizar la información verificada que consigue salir a la luz en medio del barullo.
Últimamente han sido atacados con especial rabia, y sin que las plataformas muevan un dedo para evitarlo, aquellos medios como La Silla Vacía, Vorágine, Cuestión Pública, Raya, y muchos otros como ellos, pequeños y valientes, que hacen su trabajo de contar lo que los poderosos quieren esconder. También hay equipos investigativos en grandes medios, como el de Caracol Televisión, Cambio o El Espectador, atacados en redes por cumplir con su deber.
El gobierno de Petro es copartícipe de esta ofensiva. Como se dijo en una carta pública en solidaridad con La Silla, “se arroga una suerte de monopolio de la crítica: cuando habla, lo hace como supuesto vocero del pueblo; cuando se le critica, responde con estigmatización y descalificación. Este gesto es profundamente antidemocrático”.
Tienen razón. Beneficiario directo de una prensa que denunció con libertad a sus perseguidores, el presidente Petro debería actuar distinto. Cuando Ricardo Calderón destapaba la violación de los derechos humanos desde el DAS, era héroe. Ahora que destapa violaciones de su gobierno, es un villano, agente de los poderes económicos que resisten el cambio. Cuando Juanita León denunciaba la corrupción de la parapolítica en el Congreso, era amiga de la paz. Ahora que expone la del oficialismo, es enemiga del pueblo.
La arremetida no sólo viene del gobierno. Los periodistas y medios independientes han recibido palo también de la derecha. Uribe persiguió a Daniel Coronell hasta el exilio y, hoy, Abelardo, es tigre para demandar a periodistas que han denunciado sus posibles vínculos con criminales: 109 entre 2008 y 2019, según la FLIP.
Que un gobierno o un candidato de relaciones turbias persiga a sus críticos no es nuevo. Casi todos lo han hecho. Lo nuevo es el coro profesionalizado: bodegas o influencers pagos que difunden falsedades y orquestan tendencias de opinión que no son auténticas; campañas de desprestigio deliberadas realizadas por expertos “consultores”. Jalan a millones de seguidores que reaccionan furibundos ante información medio cocida o malintencionada en redes porque la presumen cierta.
Al fondo, sonriendo ante el espectáculo, están los dueños de las plataformas, acumulando millones, mientras los periodistas más valiosos del país no duermen abrumados por el linchamiento digital; y la información verificada cierta, esencial para decidir nuestros destinos, sucumbe bajo capas de mentiras.
