Una reciente reunión de La Confluencia, una plataforma de casi un centenar de hombres y mujeres líderes comunitarios que buscan construir una voz potente para que se cumplan los puntos del Acuerdo de Paz de 2016, fue conmovedora hasta las lágrimas. Quieren hacer realidad que los habitantes de los territorios más sufridos participen efectivamente —como lo diseñó originalmente el Acuerdo— en la reconstrucción del campo colombiano, devastado por la guerra. Que los primeros afectados por la violencia vigilen cómo y qué se hace y logren ser depositarios de la confianza de un Estado que siempre los miró con sospecha.
Tomaban nota atentos dos funcionarios del Gobierno: Gloria Cuartas, quien asumió la dirección de la Unidad para la Implementación del Acuerdo, y Raúl Delgado, quien revivirá la alicaída Agencia para la Renovación del Territorio. Era una escucha real, no protocolaria. Y cuando hablaron lo hicieron como conversando con colegas de viejas luchas, explicando que el Gobierno es de todos, que debían hacer juntos esta tarea principal de hacer realidad el Acuerdo.
Días después, el presidente Petro tuvo una reunión en la Casa de Nariño con directores de medios, más que todo del establecimiento, seguramente porque no le han dado tregua ni siquiera en sus primeros 100 días. Según relató La Silla Vacía, la mayor emoción del presidente en la reunión fue cuando habló de seguir el rastro del dinero fruto de las actividades ilícitas y de la corrupción, juntando los esfuerzos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con las inteligencias judicial y policial.
Esta es otra urgencia, embolatada por años, que el nuevo Gobierno parece estar tomando en serio, por fin, y lo está haciendo, al parecer, muy de la mano de la inteligencia estadounidense y europea. Los gobiernos extranjeros saben que seguir el dinero mal habido para frenar el crimen organizado que azota a varias regiones colombianas sería más efectivo que mil batallones de soldados. Y si bien el Gobierno anterior echaba discursos de seguridad y lustraba las botas de los generales, desperdiciaba su aparato de inteligencia en perfilar a magistrados y periodistas “enemigos”. El nuevo mandatario deberá reconstruirlo.
Las dos son tareas monumentales, pero le apuntan a desatar nudos gordianos en donde Colombia ha venido replicando sus demonios, una y otra vez.
Romper la desconfianza atávica con la gente también quiere decir dejar que decidan su camino al desarrollo, restándole poder a una clase política que mayormente representa solo sus propios intereses. Ahí está la llave de una paz duradera. Es por eso coherente que el Gobierno también esté empeñado en elaborar un Plan Nacional de Desarrollo desde abajo, a pesar de las dificultades metodológicas que ello implica.
El segundo propósito de dejar sin dinero a los mafiosos, sean de cuello blanco o de whisky sello azul, estirará el presupuesto para realizar el sueño de incluir al 40 % de los colombianos que aún no tienen una vida digna.
Son objetivos vertebrales del cambio verdadero, complejos de lograr. Haría bien el Gobierno de Petro en concentrarse en conseguirlos, en lugar de pretender revolverlo todo.
Ayudaría, además, que los grupos más acomodados que hoy pronostican la ruina de la economía intentaran hacer el esfuerzo de imaginación que ya están haciendo personas con muchos menos privilegios y mucho más que perder, como son los líderes de La Confluencia. Imaginen: si el equipo Petro lograra mayor tranquilidad en el territorio y frenara el flujo de utilidades que hoy tienen los criminales, ¿no se desataría la prosperidad, vendría más inversión nacional y extranjera y se haría más viable un crecimiento social y ambientalmente sostenible? ¿No es ese el país que todos queremos?
Una reciente reunión de La Confluencia, una plataforma de casi un centenar de hombres y mujeres líderes comunitarios que buscan construir una voz potente para que se cumplan los puntos del Acuerdo de Paz de 2016, fue conmovedora hasta las lágrimas. Quieren hacer realidad que los habitantes de los territorios más sufridos participen efectivamente —como lo diseñó originalmente el Acuerdo— en la reconstrucción del campo colombiano, devastado por la guerra. Que los primeros afectados por la violencia vigilen cómo y qué se hace y logren ser depositarios de la confianza de un Estado que siempre los miró con sospecha.
Tomaban nota atentos dos funcionarios del Gobierno: Gloria Cuartas, quien asumió la dirección de la Unidad para la Implementación del Acuerdo, y Raúl Delgado, quien revivirá la alicaída Agencia para la Renovación del Territorio. Era una escucha real, no protocolaria. Y cuando hablaron lo hicieron como conversando con colegas de viejas luchas, explicando que el Gobierno es de todos, que debían hacer juntos esta tarea principal de hacer realidad el Acuerdo.
Días después, el presidente Petro tuvo una reunión en la Casa de Nariño con directores de medios, más que todo del establecimiento, seguramente porque no le han dado tregua ni siquiera en sus primeros 100 días. Según relató La Silla Vacía, la mayor emoción del presidente en la reunión fue cuando habló de seguir el rastro del dinero fruto de las actividades ilícitas y de la corrupción, juntando los esfuerzos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con las inteligencias judicial y policial.
Esta es otra urgencia, embolatada por años, que el nuevo Gobierno parece estar tomando en serio, por fin, y lo está haciendo, al parecer, muy de la mano de la inteligencia estadounidense y europea. Los gobiernos extranjeros saben que seguir el dinero mal habido para frenar el crimen organizado que azota a varias regiones colombianas sería más efectivo que mil batallones de soldados. Y si bien el Gobierno anterior echaba discursos de seguridad y lustraba las botas de los generales, desperdiciaba su aparato de inteligencia en perfilar a magistrados y periodistas “enemigos”. El nuevo mandatario deberá reconstruirlo.
Las dos son tareas monumentales, pero le apuntan a desatar nudos gordianos en donde Colombia ha venido replicando sus demonios, una y otra vez.
Romper la desconfianza atávica con la gente también quiere decir dejar que decidan su camino al desarrollo, restándole poder a una clase política que mayormente representa solo sus propios intereses. Ahí está la llave de una paz duradera. Es por eso coherente que el Gobierno también esté empeñado en elaborar un Plan Nacional de Desarrollo desde abajo, a pesar de las dificultades metodológicas que ello implica.
El segundo propósito de dejar sin dinero a los mafiosos, sean de cuello blanco o de whisky sello azul, estirará el presupuesto para realizar el sueño de incluir al 40 % de los colombianos que aún no tienen una vida digna.
Son objetivos vertebrales del cambio verdadero, complejos de lograr. Haría bien el Gobierno de Petro en concentrarse en conseguirlos, en lugar de pretender revolverlo todo.
Ayudaría, además, que los grupos más acomodados que hoy pronostican la ruina de la economía intentaran hacer el esfuerzo de imaginación que ya están haciendo personas con muchos menos privilegios y mucho más que perder, como son los líderes de La Confluencia. Imaginen: si el equipo Petro lograra mayor tranquilidad en el territorio y frenara el flujo de utilidades que hoy tienen los criminales, ¿no se desataría la prosperidad, vendría más inversión nacional y extranjera y se haría más viable un crecimiento social y ambientalmente sostenible? ¿No es ese el país que todos queremos?