En su nuevo intento por pasar una reforma tributaria para aliviar las golpeadas finanzas del Estado, el Gobierno mejoró de tono. El proyecto tiene un “sentido de grandeza y solidaridad”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y fue consensuado después de mes y medio de diálogos en todo el territorio nacional.
A primera impresión, esta puesta en escena reflejó un esfuerzo genuino para comprender a un país sufrido, donde el COVID-19 ha matado a 115.000 personas y las restricciones para atajarlo metieron en las filas de la pobreza a tres y medio millones de personas, quebraron a más de medio millón de pymes y dejaron sin empleo a casi una de cada cinco mujeres y al 18 % de los jóvenes.
No obstante, en un segundo repaso del fondo y la forma del proyecto tributario sale a relucir el talante desalmado contra el que se levantó el país en protesta por 45 días, desde el 28 de abril.
Del fondo: es cierto que extiende las limosnas estatales para los más pobres hasta 2022 y ofrece mantener a flote el salvavidas para que unos miles de empresas solventen su nómina hasta este diciembre. Los otros anuncios solidarios —25 % de subsidio a quienes empleen a jóvenes y matrícula cero para la educación superior pública— lo serán realmente dependiendo de cómo los redacten en el texto que presenten al Congreso el próximo 20 de julio. ¿Sostendrán para siempre y para todos, por ejemplo, esa matrícula gratuita?
En cambio, retiró los puntos más igualitarios de la anterior reforma: un impuesto adicional al patrimonio de los más ricos; el cobro progresivo del impuesto a la renta a las personas naturales, para que quienes ganen más paguen más, y otro a las pensiones de más de $7 millones mensuales. Estos artículos no los tumbó el paro, sino los aliados de Duque.
Pero la empatía puesta en escena para lanzar la reforma fiscal también pela el cobre cuando descubrimos a los ausentes del anunciado consenso. El ministro Restrepo dijo que hablaron con empresarios, partidos políticos, alcaldes, gobernadores, beneficiarios de programas sociales y estudiantes. Ni pío sobre los trabajadores del Gobierno ni los de los empresarios. Tampoco contemplaron en su diálogo a los líderes cívicos, étnicos y sociales, organizados en miles de asociaciones. Ellos suelen escuchar más de cerca a la gente que los políticos y conocen mejor sus carencias.
Uno se pregunta, entonces, cómo hablan de crecimiento económico sin obreros, ni campesinos; de educación, sin maestros, y de desarrollo, sin pueblo (salvo por quienes hacen fila para recibir dádivas oficiales sin chistar).
Pretenden que, por no mencionarla, la protesta desaparezca o apenas se registre como “ese infame paro”, según el decir de un presidente gremial. En ese “infame paro”, según informó el Estado, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos y el 89 % se desarrolló en forma pacífica.
La dirigencia con la que el gobierno Duque concertó esta reforma parece ver al país con anteojeras. Quizá se las impone el miedo a que un diálogo genuino les reste poder, o la convicción ideológica de que el progreso gotea desde arriba les limita su visión. Puede que pase la tímida reforma, pues, en lo fundamental, apenas desmonta ventajas que el mismo Duque le había dado al empresariado en 2019. Eso le basta a un Gobierno sin capital político que apenas necesita sobreaguar un año, pero si los poderosos no se despejan la vista y abren la conversación al país ignorado, nos esperan tiempos más difíciles.
