Duque y el avance del autoritarismo en el mundo
No quisiera estar en los zapatos del presidente Iván Duque. El ángel le sopla al oído que hay que salvaguardar las instituciones democráticas y el respeto por el orden internacional, tradiciones a las que se ha aferrado la élite colombiana para salvar la cara ante el mundo, a pesar de su incapacidad para evitar que, persistente y cíclicamente, miles de sus ciudadanos inocentes caigan asesinados.
El diablillo, en cambio, le secretea que hoy soplan otros vientos en el mundo. Como publicó The Washington Post hace cinco días, las fuerzas democrático-liberales están en su punto más débil en 80 años —desde cuando los nazis llegaron a mandar en casi media Europa y Stalin en la otra mitad—, retadas por el autoritarismo popular y, peor aún, sin saber cómo responderle. Es rentable, le susurra el diablo, irse en contravía de esas tradiciones, hacerle caso al partido que lo subió al poder y montarse sobre la ola del populismo despótico que se explaya por el mundo.
Esa encrucijada de conciencia se le presentó a Duque con la firma de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). ¿Ser el clásico gobernante colombiano que no cruza la raya hacia la dictadura, respetar la Constitución y los tratados internacionales, pero atenerse a la ira de Uribe? ¿O no ser, acatar a su partido e irse contra la Corte Constitucional y el tratado avalado internacionalmente, pero esperar la avalancha de críticas internacionales y del medio país que se moviliza para defender la frágil paz?
En este combate ganó el demonio, pero Duque hizo lo posible por mostrarlo angelical. Dio un discurso respetuoso, puso todo en diminutivo para que pareciera un simple ajuste técnico (seis punticos de 159, ¿qué daño harían?) y adornó la carga de profundidad (una reforma constitucional para volver a hacer la JEP unilateralmente) con la melodramática y populista justificación de que no querían que “violadores de niños” quedaran impunes. (Por cierto, una preocupación por las víctimas reciente, pues en 2003 el gobierno Uribe le pidió al Congreso en su “proyecto de ley de alternatividad penal” dejar impunes crímenes igualmente horrendos de los paramilitares y, por suerte, no lo logró).
¿Cree honestamente Duque que protege la JEP con esta movida? Puede ser, pero más parece truco de ilusionista que, buscando subir su popularidad, hace pasar las objeciones como exigencias de un Gobierno “duro” contra la impunidad. (En realidad, de ser aprobadas, las objeciones dejan más espacios para que los victimarios queden impunes).
Con las objeciones, los uribistas consiguieron el efecto esperado de retrocedernos al ambiente de “Sí” y del “No” del plebiscito para cosechar triunfos fáciles en la próxima elección. Pero mucho más de fondo, esta decisión es mascarón de proa de un desembarco en Colombia del autoritarismo popular que las palomas de la guerra uribistas saben bien que avanza con éxito en casi todo el mundo, desde Brasil hasta Estados Unidos, y desde Polonia hasta Italia.
Los líderes de tradición democrática liberal como Vargas Lleras pueden formar mayoría para proteger el Acuerdo de Paz y honrar los compromisos internacionales. Se estarían sumando a la batalla mundial que dan hoy las fuerzas democráticas liberales bajo presión, en contra de la avanzada de autoritarismos de izquierda y de derecha. De lo contrario, que nos quede claro, habrán dado el primer paso para que el populismo despótico se siga llevando por delante otras entidades que aún defienden los derechos y las libertades individuales en Colombia, como ya lo ha venido haciendo en otras partes del mundo.
No quisiera estar en los zapatos del presidente Iván Duque. El ángel le sopla al oído que hay que salvaguardar las instituciones democráticas y el respeto por el orden internacional, tradiciones a las que se ha aferrado la élite colombiana para salvar la cara ante el mundo, a pesar de su incapacidad para evitar que, persistente y cíclicamente, miles de sus ciudadanos inocentes caigan asesinados.
El diablillo, en cambio, le secretea que hoy soplan otros vientos en el mundo. Como publicó The Washington Post hace cinco días, las fuerzas democrático-liberales están en su punto más débil en 80 años —desde cuando los nazis llegaron a mandar en casi media Europa y Stalin en la otra mitad—, retadas por el autoritarismo popular y, peor aún, sin saber cómo responderle. Es rentable, le susurra el diablo, irse en contravía de esas tradiciones, hacerle caso al partido que lo subió al poder y montarse sobre la ola del populismo despótico que se explaya por el mundo.
Esa encrucijada de conciencia se le presentó a Duque con la firma de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). ¿Ser el clásico gobernante colombiano que no cruza la raya hacia la dictadura, respetar la Constitución y los tratados internacionales, pero atenerse a la ira de Uribe? ¿O no ser, acatar a su partido e irse contra la Corte Constitucional y el tratado avalado internacionalmente, pero esperar la avalancha de críticas internacionales y del medio país que se moviliza para defender la frágil paz?
En este combate ganó el demonio, pero Duque hizo lo posible por mostrarlo angelical. Dio un discurso respetuoso, puso todo en diminutivo para que pareciera un simple ajuste técnico (seis punticos de 159, ¿qué daño harían?) y adornó la carga de profundidad (una reforma constitucional para volver a hacer la JEP unilateralmente) con la melodramática y populista justificación de que no querían que “violadores de niños” quedaran impunes. (Por cierto, una preocupación por las víctimas reciente, pues en 2003 el gobierno Uribe le pidió al Congreso en su “proyecto de ley de alternatividad penal” dejar impunes crímenes igualmente horrendos de los paramilitares y, por suerte, no lo logró).
¿Cree honestamente Duque que protege la JEP con esta movida? Puede ser, pero más parece truco de ilusionista que, buscando subir su popularidad, hace pasar las objeciones como exigencias de un Gobierno “duro” contra la impunidad. (En realidad, de ser aprobadas, las objeciones dejan más espacios para que los victimarios queden impunes).
Con las objeciones, los uribistas consiguieron el efecto esperado de retrocedernos al ambiente de “Sí” y del “No” del plebiscito para cosechar triunfos fáciles en la próxima elección. Pero mucho más de fondo, esta decisión es mascarón de proa de un desembarco en Colombia del autoritarismo popular que las palomas de la guerra uribistas saben bien que avanza con éxito en casi todo el mundo, desde Brasil hasta Estados Unidos, y desde Polonia hasta Italia.
Los líderes de tradición democrática liberal como Vargas Lleras pueden formar mayoría para proteger el Acuerdo de Paz y honrar los compromisos internacionales. Se estarían sumando a la batalla mundial que dan hoy las fuerzas democráticas liberales bajo presión, en contra de la avanzada de autoritarismos de izquierda y de derecha. De lo contrario, que nos quede claro, habrán dado el primer paso para que el populismo despótico se siga llevando por delante otras entidades que aún defienden los derechos y las libertades individuales en Colombia, como ya lo ha venido haciendo en otras partes del mundo.