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Una carta en la aplicación Change.org, que al viernes pasado ya habían firmado 4.682 colaboradores y empleados del grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, sostiene que, al contrario de lo que han dicho el gobierno y el presidente Gustavo Petro, “Keralty es una organización seria, ética, transparente y comprometida con el país”. “Estamos orgullosos de pertenecer a esta empresa y no permitiremos que se distorsione nuestra voz ni se nos use como instrumento político”, dijeron los firmantes.
Son 4.682 personas, y contando, que conocen la empresa por dentro y la defienden. Es la Corte Constitucional (Sentencia SU-277) que dejó inválida la intervención de la EPS, porque dijo que la Superintendencia de Salud omitió órdenes judiciales anteriores y esa “omisión fue arbitraria y violatoria del debido proceso”.
Aun así, sabiendo que no tiene la razón, el gobierno sigue lanzando todos los insultos del diccionario a Keralty y tildando a su presidente Joseba Grajales de criminal, sin evidencia alguna. Eso es abuso de poder. Gozando del respaldo del 36 % de los colombianos, Petro, con estas diatribas infundadas, daña la reputación de Grajales y lo pone en riesgo. No es una política válida para alguien que defiende la paz.
El presidente no es un ciudadano común que puede casar peleas por ahí. Aunque parece sentirse más a gusto en el papel de perseguido que de quien está al mando, su voz es potente y la replican sus seguidores.
Por ejemplo, Wilson Arias, un valiente congresista defensor de derechos humanos, trinó que Grajales donó millones a los partidos políticos para hundir la reforma a la salud, que tiene un patrimonio grande, y que por eso es “mercader de vida”. Aún sin pruebas de que hubiese cometido una ilegalidad, le puso el rótulo ofensivo. Puro atropello.
Arias y Petro subieron en hombros de gente esperanzada en que estas cosas no sucedieran más. Era Uribe, su némesis, quien disparaba epítetos en contra de sus críticos, con nombre y apellido, para echarles sus hordas encima.
Las reglas para que empresas privadas prestaran los servicios de salud en Colombia las puso el Estado. ‘Mercaderes de vida’ son todas: Sura, Compensar, Salud Total, Famisanar, etc. Estas EPS, y casi todos los expertos, se opusieron a la reforma oficial porque no resolvía el problema de fondo, que era la desfinanciación del sistema y la falta de control eficaz a las firmas tramposas. Atacando a las EPS grandes, el Pacto Histórico encontró un fácil chivo expiatorio. Así, aparentaba estar mejorando el sistema, sin ponerse en el trabajo duro de hacerlo realmente, pero cosechando gran popularidad.
No obstante, en medio de la pelea, ¿por qué el presidente se obsesionó con Sanitas y con Grajales? ¿Por qué a ésta la intervino y, en cambio, ha arrastrado los pies para aceptarle la salida a Sura, cuando ésta lo pidió?
Adivino que por dos razones: primero porque Keralty habló de frente contra una reforma que creían mala, en defensa de su empresa de 23 años, con más de 20 mil empleados y seis millones de usuarios. El gobierno actual no tolera la crítica frentera ni aun de sus propias toldas. El segundo motivo es más potente: porque es de extranjeros. Si atacara con esa misma desproporción a las EPS de colombianos hubiera pisado callos de cacaos o protegidos políticamente. Los foráneos son presa fácil y cosechan nacionalismo apasionado. Aplausos seguros. Eso lo saben los gobernantes desde siempre.
El lío, sin embargo, nos queda a nosotros. El gobierno nos deja a los usuarios peores servicios de salud. Y a los contribuyentes, la cuenta que habrá que pagar a Keralty para resarcir el daño que le hicieron estos abusivos.
