Injusticia extrema

La semana pasada, el gobernador de Río de Janeiro, bolsonarista, calificó de exitosa la operación de la policía en las favelas, luego de que se supiera que habían muerto 121 personas, incluidos cuatro policías. Un relato de colegas brasileños, que revisaron la documentación del caso, cuenta que el operativo pretendía capturar a 100 delincuentes, pero, luego de decapitar a un adulto, matar a un niño y constatar que al menos 17 no tenían antecedentes judiciales, no capturaron ni a uno de la lista.

Aun así, el gobernador ganó un millón de seguidores nuevos en Instagram. El dolor de la gente, las imágenes de las filas de cadáveres, la impotencia, quedaron enterrados por el discurso oficial en redes de que todos los muertos eran narcos. El gobernador había estado consultando con las autoridades estadounidenses meses antes.

El nuevo gobierno de ese país está abriéndole camino a la política cruel que, en medio del barullo digital, cosecha adeptos con facilidad. Resucitó así la moribunda “guerra contra las drogas” –inventada hace 50 años– y ha lanzado 14 bombazos contra lanchas transitando por el Caribe o el Pacífico, matando a 62 personas. En un instante, los juzgó y condenó a morir en átomos volando.

Es un desproporcionadísimo uso de la fuerza. El país mejor armado del planeta empeñando su poderío para atacar al más débil eslabón del narcotráfico: pescadores, lancheros, quizás voluntarios, o quizás amedrentados y extorsionados, como lo documentaron colegas de Mongabay. Quizás menores de edad o viejos. No sabemos.

Las fiscalías, cuya tarea es impartir justicia, no han podido apresar a dos sobrevivientes porque las pruebas quedaron pulverizadas. Autoridades gringas habrían podido detenerlos, recoger la evidencia, incautar la droga. Pero los gobernantes arbitrarios no quieren justicia. Brillan en la sinrazón.

La enclenque explicación de tamaño abuso de poder es que Estados Unidos quiere “impedir que la droga les haga daño a sus ciudadanos”. Eso es medio falso, medio amañado. La droga que más se consume en ese país es la marihuana, que la producen ellos mismos; le siguen los opioides con el 7 %, incluyendo los de prescripción médica. El mayor número de muertes por droga en 2024 se produjo por el fentanilo (48.422 muertes) que no llega de Colombia ni de Venezuela. La cocaína, que es la droga que más trafican por mar desde Suramérica, es la cuarta droga más consumida, y apenas la consume el 2,2 %.

La motivación para estas acciones desaforadas –se especula– es para revestir una anunciada invasión a Venezuela con un barniz de legitimidad. O para distraer a la gente de la barbarie en Gaza, o que olviden el expediente Epstein, o para reafirmar el odio interno contra los migrantes latinoamericanos, o porque el jefe está aburrido y se divierte disparándole a barquitos desde una pantalla, como si fuera en Nintendo.

Pero no es juego y deberíamos reaccionar con mayor indignación en toda América. Junto a esas lanchas, la democracia más establecida del continente hizo estallar el derecho internacional del mar y la declaración universal de los derechos humanos. Con ello, les da carta blanca a acciones como la que enorgulleció al gobernador de Río, y a los dictadores de todos los colores. Otros quieren extender la táctica al resto del continente.

Esperamos que, en Colombia, el miedo por una violencia que se vuelve hinchar en los territorios y el Tic Toc que hipnotiza a tantos con salidas violentas para “defender la patria”, no lleven a nuestros ciudadanos, que van lentamente construyendo una democracia menos injusta sobre el dolor de los horrores vividos, a elegir en mayo a quien mejor encarne esta última moda americana de la injusticia extrema.