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Habiendo sido Petro un luchador anticorrupción, hay mucha esperanza de que por fin su gobierno combata este mal. Para ello tendrá que encontrar patrones corruptos endémicos y flaquezas del sistema judicial que socavan la labor de fiscales y jueces corajudos. ¿Qué tiene nuestro bosque que los corruptos crecen como hongos?
En este sentido, ha sido iluminadora la investigación “Viaje al centro de Lava Jato”, que publicamos con colegas de nueve países. En el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) investigamos el caso Odebrecht, que arroja varias pistas de cómo opera el mal en este país.
Para empezar, la corrupción sale de las campañas, donde gerentes y asesores representan, a la vez, intereses empresariales. En las de Santos y de Zuluaga, Roberto Prieto era impulsador de Impregilo, que iba a hacer la Ruta del Sol III, y él y Daniel García Arizabaleta, con la campaña de Zuluaga, lo eran de Odebrecht, socio del Grupo Aval en la concesión que hizo la Ruta del Sol II. A Prieto lo imputaron por sus intermediaciones y fue condenado por su gestión a favor de Impregilo, y a la Fiscalía le ha tomado casi seis años acusar a García, contacto clave para Odebrecht en este país.
Además, varios congresistas en los bolsillos de empresas privadas que financian sus campañas parecen cumplir con su deber presionando al Gobierno para acelerar la construcción de vías y puentes; sin embargo, su afán real es cumplirle a la empresa privada que los sobornó. Eso hicieron el Ñoño Elías y Antonio Guerra de la Espriella. A ellos los condenó la Corte Suprema de Justicia, que investiga a una decena de involucrados en este proceso, pero no avanza porque hay otras 500 denuncias contra congresistas en cola.
Para este caso nuestra justicia fue más eficaz en comparación con la de otros países de la región. No obstante, no se interesó en perseguir el dinero, sino solo en cosechar confesiones rápidas. Así, por ejemplo, al exviceministro Gabriel García Morales le dieron beneficios por colaboración, pero no produjo los US$2,3 millones de los US$6,5 que recibió de soborno por adjudicar la Ruta del Sol II.
La justicia además suele enfocarse en peces medianos. En el caso Odebrecht, la Fiscalía actual saca pecho porque no hizo acuerdo alguno de colaboración con Odebrecht, pero no debería ser así si quisiera atrapar peces gordos. Las justicias de Estados Unidos, Suiza, Brasil, Perú y Panamá, entre otras, hicieron estos acuerdos y a cambio consiguieron información hasta de expresidentes involucrados. Eso no sería ser flojo con Odebrecht, sino hacer que confiesen todo y paguen, a cambio de no meterlos presos (que de por sí en Colombia no lo están).
Las planillas clandestinas que conseguimos, gracias a IDL Reporteros en Perú, revelan pagos adicionales por US$3,35 millones a personas con nombres en código. Un misterioso Barba Blanca, por ejemplo, recibió US$1 millón en 2011. Además, el pago ya conocido de US$1 millón a la firma publicitaria de la campaña de Santos en 2014 sale en las planillas con el codinome (alias) Marinheiro. Pues bien, hay otros pagos que suman US$2 millones más a Marinheiro (¿será el mismo?).
Conclusión. En contratos de vías se van trillones de pesos a la alcantarilla. Logramos sumar US$56,7 millones de pagos ilegales en Colombia en solo este escándalo. Eso es como el 10 % del presupuesto de inversión social de 2022. Si Petro quiere darle en la cabeza a la serpiente, debe nombrar un ministro de Transporte y Obras prístino, prohibir el reembolso de dineros a campañas asesoradas por lobistas de empresas privadas y permitir que se den beneficios judiciales a corruptos solo después de que devuelvan toda la plata.
