Hace unos días, Caracol Radio descubrió que la Unidad de Víctimas, que atiende, asiste y repara a quienes lo perdieron todo por del conflicto armado, había entregado un contrato directo a Aldesarrollo por 71 mil millones de pesos para “la adquisición, transporte y suministro de productos alimenticios y no alimenticios que incluye cargue y descargue” en cada rincón del territorio nacional.
Sí, el objeto del contrato es casi ridículo, pero no es risible que este contratista haya sido denunciado el año pasado por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia por orquestarse con otros para obtener contratos por doquier, que han sumado 1,3 billones de pesos en siete años. Las mismas personas figuran detrás de estas firmas contratistas aparentemente diferentes.
Para apreciar el despropósito, estos 1,3 billones de pesos (unos 355 millones de dólares al cambio actual), es una suma casi equivalente a la que dijo el Gobierno que había gastado en 2025 para financiar maestrías y doctorados de 7.995 profesionales.
La Fiscalía indaga a Aldesarrollo y sus compadres por sospechas de que contrata sin cumplir los requisitos legales y tiene interés indebido en estos contratos.
Mientras pierde recursos como estos por el agujero de la corrupción, el Gobierno dice que la plata no le alcanza. El hueco fiscal rompe récords, la deuda pública supera el 60 % del PIB y tenemos que destinar uno de cada tres pesos de recaudo en pagar costosos créditos.
Como cometa en agosto, el Gobierno actual pide y pide cuerda. Es verdad que la disciplina en el gasto por sí misma, que urge en cualquier hogar cuando la plata no alcanza y los préstamos salen costosos, es debatible en economía porque el gasto puede contribuir a salir de una recesión o a cerrar las enormes desigualdades económicas.
El problema ahora es que, aunque el gasto se ha disparado, con frecuencia no se traduce en cerrar brechas y ni siquiera en mejorar la calidad de servicios. Sólo hay que mirar la salud. Incrementó el gasto en salud a niveles sólo superados durante la emergencia del Covid, pero las desigualdades siguen intactas: mientras en Vaupés apenas el 6 % tiene acceso a salud y en Cundinamarca y Chocó, el 76 %, en Bogotá, Medellín y Cali el 100 % está cubierto. Las quejas por el mal servicio se proyectan a más de dos millones en 2025, casi el doble de las que se registraron en 2022. En promedio, los colombianos están destinando más a cubrir necesidades de salud de su propio bolsillo (17 %) y en Tolima o Arauca gastan más aún: alrededor de uno de cada tres pesos de sus ingresos en médicos y medicinas.
Casos como el de Aldesarrollo no empezaron en este Gobierno. Al contrario, es su Secretaría de Transparencia la que detectó a contratistas que llevan años ordeñando descaradamente al sector público. Sin embargo, la tragedia del gobierno Petro es que lo que hace un buen funcionario con una mano, lo destruye con la otra, el desgreño administrativo y el vacío de liderazgo. Por la Unidad de Víctimas han pasado ya cuatro directoras en propiedad o encargadas, y el actual asumió la dirección interina en enero pasado. Por supuesto, cuando Caracol le preguntó por el contrato de los 71 mil millones de pesos con la cuestionada firma, para un objeto dudoso, sin claridad sobre el número de beneficiados y cobrando productos al doble del precio, la respuesta fue “no sabe, no responde”. ¿Qué más iba a hacer el funcionario? Llevaba 11 días en el cargo.
Moraleja: hay que votar menos por quien hable recio o bonito, y más por quien demuestre que ha gobernado cuidando nuestros pesos.
