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Gracias a la generosa filosofía del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo (ICIJ, por su sigla en inglés) de compartir evidencia con los colegas del mundo para investigar colectivamente, hace cinco meses, con Contra Corriente en Honduras, el noticiero del canal público de Costa Rica y nuestro equipo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), pudimos asomarnos a esa caja de los Pandora Papers de donde surge, como un puño, la evidencia de la creciente desigualdad en el planeta.
En Colombia salieron con sociedades de papel dos expresidentes, la vicepresidenta, una ministra, un director de impuestos, varios excongresistas y algunos de nuestros multimillonarios (a Gilinski le contaron tres docenas de empresas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá).
En nuestra investigación en Honduras y Costa Rica, descubrimos que otros tantos poderosos y hasta una admirada cooperativa manejaron empresas offshore. Uno de ellos incluso recibió una capitalización multimillonaria en su offshore, mientras en su país se atrasaba en los pagos de seguridad social de sus empleados.
“Vivimos en un sistema legal que permite que los ricos y las élites escojan qué impuestos pagar, cuáles les parecen justos y cuáles no, y que no le da al resto esa facilidad”, escribió Viri Ríos en El País.
Duele el caso del director de la DIAN. Él dijo, según el reportaje de este diario, que creó una sociedad en Delaware (notable por su secretismo) que luego trasladó a Miami para recibir pagos por consultorías y no tener que tributar también en Colombia. La creó en septiembre de 2016, ocho meses después de posesionarse como director de impuestos de Bogotá.
Un mes más tarde, cuando Lisandro Junco seguía liderando el recaudo de la capital, su empresa de Delaware apareció pagándole una factura a una firma suiza por abrirle una cuenta bancaria en Chipre.
Junco dice que quizás le usaron su offshore para una operación que desconoce. ¿No sabe cómo se manejan las empresas de maletín la persona a quien el Gobierno colombiano designó ante la OCDE para desarrollar la estrategia de lucha contra la elusión de impuestos (BEPS)? ¿Por qué daba consultorías y abría cuentas en Chipre mientras era director de impuestos distritales?
Él y otros implicados reclaman airados que no es ilegal tener sociedades cascarón. ¿Cómo iba a serlo, si son ellos los que mayor influencia han tenido en diseñar el sistema legal que nos rige? Como dice Ríos, no es ilegal pero debería serlo.
La Red de Justicia Impositiva (TJN, por su sigla en inglés) afirma sin tapujos que la presión de gigantes empresariales y superricos ha llevado a los gobiernos a cablear el secreto financiero y los paraísos fiscales dentro de la economía global, privilegiando así a los más acaudalados frente a todos los demás.
TJN asegura que en 2018 Colombia perdió el 18 % de sus ingresos fiscales por abuso fiscal, US$12.000 millones en impuestos que no pagaron aquí las multinacionales y US$136.000 millones que dejaron de tributar las personas. Para darse una idea de la magnitud, la reforma tributaria que pasó el Gobierno quiere recaudar US$4.000 millones.
Conseguir que los colombianos paguemos ese dineral para salir de la olla de la pandemia requiere una DIAN legítima e impecable. Con sus enredadas explicaciones y su actuación pasada, el director Junco la debilita en este momento delicado. Como dijo César Caballero en el pódcast de María Jimena Duzán, su actuación no es leal con los ciudadanos.
Y como le dijo el rapero Residente a J Balvin en estos días: “No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero; es importante el dinero, pero no es todo. También existen la honestidad y la lealtad”.
