El presidente Petro llamó el 1.° de mayo a trabajadores y campesinos a movilizarse para eliminar el negocio de la salud pública, reclamar la tierra improductiva y devolverle al Estado parte del dinero que hoy va a los fondos privados de pensiones.
Ni una sola vez mencionó la corrupción, aquel pantano donde mueren las revoluciones. En su campaña prometió que pediría a la ONU una comisión contra la impunidad, al estilo la CICIG en la que participó el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, que develó los lazos entre corrupción, crimen y grandes negocios legales en Guatemala. Dijo que protegería al denunciante y todos tendrían que devolver los dineros robados. Nada de eso ha sucedido y ya existe poco en el discurso.
Acabamos de investigar en el CLIP, junto con Cuestión Pública, la contratación pública en seis municipios del sur de Córdoba, una región de naturaleza rica y gente trabajadora, que no consigue sacarse de encima la violencia y la pobreza (la nota hizo parte de la alianza periodística con El Espectador y otros medios para ponerles megáfono a las denuncias del asesinado periodista Rafael Moreno).
Analizamos la contratación de seis años en estos municipios y encontramos que no les faltó dinero: tuvieron el equivalente a toda la inversión pública en salud de 2022. Pero apenas 20 contratistas acumularon la cuarta parte del valor de miles de contratos y más de la mitad de ellos habían sido sancionados o investigados por la justicia. Algunos, incluso, fueron a la cárcel.
De paso, vimos que las mismas entidades tienen negocios con el Estado en otras partes del país. Forman “mallas” —como las llamó la justicia— o redes que esquilman los dineros públicos de varias fuentes en simultánea.
Imaginen que ese billón largo de pesos que hoy les llega a los municipios y hospitales del sur de Córdoba se duplicara o triplicara por cuenta de la reforma a la salud o las pensiones. Todo se iría a los bolsillos de estos contratistas, cuando no a los clanes armados que ya saben que el Estado puede ser tan lucrativo como la coca.
Este Gobierno sí tiene logros en la lucha anticorrupción: el saqueo al Programa de Alimentación Escolar será más difícil, pues los padres de familia podrán vigilar la plata; desde Planeación Nacional se han impedido robos a las regalías y la paz, e incluso hay directivos que arriesgan su vida para extirpar el mal de sus dependencias.
No obstante, al mensaje anticorrupción le falta peso. La política de transparencia es secundaria y no ha destapado casos concretos. Les dice a sus funcionarios que hay cero tolerancia con el enriquecimiento ilícito, pero si ha despedido a alguien por esa razón, no lo ha informado públicamente. La única manera de que ese mensaje cale es demostrando que quien abusa de su poder en beneficio propio cae sin clemencia.
El Gobierno no ha desvertebrado ni una malla de contratistas, ni ha cauterizado las venas rotas de los hospitales públicos y no siempre ha nombrado a funcionarios modelo de transparencia.
Estoy convencida de que si Petro diera una batalla contra la corrupción tan vehemente y veintejuliera como la que ha dado por la salud, el cambio social que pretende podría ser real.
Por ahora, la memoria colectiva sabe que prefiere mil veces a los malos privados —aunque requieran mejor regulación y vigilancia estatal— ante la perspectiva de que su salud o su pensión dependan de las migajas que dejen las mallas, mafias y otras pirañas de lo público, después de que les hayan hincado el diente a los nuevos dineros.
