Nueva minería, viejos problemas

El proyecto de ley de nueva minería diseña una nueva entidad mixta, la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), al estilo de Ecopetrol, que se dedicará a incentivar la exploración, explotación y comercialización de productos mineros, sobre todo los “verdes”. Contempla también ofrecer a los pequeños mineros un mecanismo directo de comercialización y apoyarlos en el uso de tecnologías limpias de extracción.

“Estamos resueltos a aprovechar el potencial del país para la producción de minerales indispensables en la generación de energías renovables”, le dijo Irene Vélez, ministra del ramo, a El Colombiano hace unos días. Esos son: cobre para paneles solares, turbinas de generación de energía eólica y carros eléctricos; litio, níquel y zinc, que van en celulares, computadores y baterías para vehículos eléctricos, y tántalo, para condensadores de dispositivos electrónicos.

La decisión de poner a Colombia a transitar del petróleo y el carbón —combustibles que están llevando al planeta al punto de desastre— a producir “metales verdes” es admirable. También lo son sus planes de legalizar a los mineros artesanales, tan desdeñados por los gobiernos. Legitimados, estos mineros serían aliados estratégicos para combatir la minería mafiosa que esclaviza a la gente y destruye los ríos con sus dragas y retroexcavadoras gigantes.

No será fácil. La minería de “metales verdes” está a veces en contradicción con otros objetivos primordiales del Gobierno Petro, como la preservación de la Amazonia, el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y la formalización de los mineros artesanales.

Así lo revela una investigación que acabamos de publicar en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto con El Espectador: la minera canadiense Libero Copper & Gold busca explotar el “metal verde” en Putumayo, pero parte del yacimiento está bajo una reserva forestal que protege el nacimiento del río Mocoa y sirve de corredor de especies entre los Andes y la selva amazónica. Si Libero explota la mina, sacaría 636 millones de toneladas de cobre y molibdeno que le traerían al país divisas y regalías indispensables para compensar lo que pierda con la menor explotación de hidrocarburos.

El presidente de Libero dice que no planean explotar toda la mina y lo harán de manera sostenible. Pero los planes de su empresa advierten que si no consiguen la reducción de la reserva forestal no se podrá extraer la mitad de los recursos y eso tendrá menor utilidad. Los títulos mineros de Libero se sobreponen además con resguardos indígenas que se oponen, “porque allá salen los ojos del agua”. ¿Qué privilegia el Gobierno, las divisas del cobre o la preservación de la Amazonia? ¿Prefiere la inversión de la multinacional o atiende el clamor indígena?

Otra historia reciente del CLIP investigó un caso en el cual las políticas oficiales entran en contradicción. Minerales Córdoba, subsidiaria de una empresa canadiense, busca explotar 400.000 toneladas de cobre y millones de onzas de oro y plata en el turbulento municipio de Puerto Libertador, pero en el corazón del proyecto hay 332 familias de mineros artesanales que desde hace 45 años explotan allí oro, sin conseguir legalizar sus entables. Además, la comunidad indígena zenú y otras víctimas del conflicto armado reclaman la restitución de territorios hoy cobijados bajo títulos de minerales. ¿Privilegia el Gobierno la política urgente de producir divisas de cobre para compensar los ingresos que perderá por contribuir a frenar el cambio climático? ¿O está primero su compromiso de restituir tierras a las víctimas del conflicto armado y proteger a los mineros artesanales?

Estos casos muestran que lo complicado no es trazar políticas ni presentar leyes. El desafío real para el Gobierno Petro será ejecutarlas, labrar la filigrana para hacerlas funcionar en la práctica.