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En 2023, los colombianos pagamos casi 279 billones de pesos en impuestos (un 22 % más que en el año anterior). Bajada a tierra, esta enorme cifra empieza a apreciarse. Pagamos impuesto a la renta 2,7 millones de personas naturales: en promedio 3,6 millones de pesos cada una. Cada persona pagó en promedio 1,3 millones de IVA. Hasta el más pobre pudo haber pagado IVA sobre alguna compra. Todos pusimos, pero solo unos pocos sacaron.
El problema es que nuestra cultura política no ha asumido que esos millones de millones de pesos son nuestros. Provienen de nuestra contribución para que el Estado invierta y mejore la vida colectiva donde individualmente nos queda difícil actuar, como hacer escuelas, hospitales, carreteras, proveer agua o luz o socorrer a un poblado que se inundó. Nuestros impuestos también deben compensar a los menos favorecidos.
Como ese dinero se percibe como de nadie, demasiados funcionarios públicos asalariados por nosotros no le funcionan al público, como decía el humorista Jaime Garzón. Así, los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla le funcionaban a los políticos, al contratista Luis Eduardo López y a sus propios bolsillos, pues según la acusación de la Fiscalía se quedaron entre los dos con 1.066 millones de pesos. Esta suma equivale a lo que pagaron más de 800 mil colombianos en promedio de IVA o lo que contribuyeron 296 colombianos en promedio de impuesto a la renta.
Demasiados políticos, funcionarios, contratistas estatales, perciben el dinero del público como una lotería que hay que aprovechar mientras dure. No sienten orgullo alguno por su trabajo. No les interesa que la gente de la alta Guajira por fin tenga agua. Les importa un bledo si el sistema de drenaje de Cotorra se hace, o si se mitiga la erosión del sufrido El Salado, o si se previenen las inundaciones del río Saravena. Los Olmedos y Sneyderes juegan a magnates con dinero ajeno y su objetivo es ver cuánto le sacan a cada contrato para poder repartirse “utilidades”. Los ministros de turno juegan a gobernar y disculpan el desfalco como pragmatismo.
El “negocio” de los carrotanques cargaba más sobrecosto que agua: 14 mil millones de pesos. Para tener una idea del despropósito, a una familia colombiana de clase media que gana en promedio 2,5 millones de pesos mensuales le tomaría 467 años de trabajo conseguir 14 mil millones de pesos. Y ese no fue todo el monto del contrato de los carrotanques; ese fue solo el sobrecosto que calculó la justicia.
Una tercera parte del contrato de los carrotanques (que es una pequeña parte de todo el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo) se destinó a pagar sobornos, según la Fiscalía, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, al exasesor, a la exconsejera. Parásitos que posan de estadistas en discursos, pero se reúnen a escondidas en hoteles a quitarle los recursos a los pobrísimos habitantes wayúu de Uribia para dárselos a congresistas que ya devengan más de 40 millones mensuales de dinero del público.
En Colombia, la corrupción es la grasa que lubrica los gobiernos. En este caso de la UNGRD, el de Gustavo Petro funcionó igual que los de sus antecesores: coimas para conseguir incluso que el Congreso aprobara un endeudamiento externo. El presidente pidió excusas, pero excusó a los ministros, y los congresistas de su partido exigieron investigaciones tardíamente.
Si algo tenía que hacer este gobierno preocupado por el cambio era desmontar esta repartija corrupta que socava la democracia, profundiza la desigualdad y siembra violencia. Por lo que se ha visto en estos dos años, está fracasando con estrépito.
