Patriotas de papel

No existe un ejemplo más potente del doble discurso de nuestra dirigencia que San Andrés y Providencia. Se inflan de orgullo patrio cuando se trata de decir que las islas son colombianas. Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dictaminó hace ocho años que 40 % de su mar territorial era nicaragüense, medios y funcionarios se pasaron semanas enteras debatiendo la minucia jurídica que había llevado a Colombia a perder tan valioso patrimonio.

Están convencidos de que “la patria” reside en los discursos y los costosos pleitos jurídicos (en 13 años gastaron 5,6 millones de dólares en abogados). Proteger a la gente de carne y hueso de esa patria parece importarles bastante menos, sobre todo si se trata de comunidades pobres y negras.

“Quizás al país se le olvida lo que pasó”, le dijo el pescador Carlos O’Neill a este diario hace dos años, “pero a nosotros no, porque la realidad está aquí”. O’Neill se refería a cómo el fallo de La Haya significaba que ya no podían pescar en las aguas de siempre sin que guardias nicaragüenses los arrestaran.

Bien podría estar hablando el pescador de la pobreza de las islas. Con unos 60.000 residentes en San Andrés, otros 5.000 en Providencia y un turismo boyante, todos deberían vivir dignamente. Pero no es así. El informe del DANE de 2019 sobre pobreza monetaria no incluye a San Andrés y Providencia, pero allí ronda el 27 %. Según cifras de 2018, la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, el 72 % no tiene disposición de excretas, a la tercera parte de los estudiantes los calificaron en bajo logro y una quinta parte está rezagada de curso. Más de la mitad de los habitantes viven del trabajo informal.

A los patriotas de discurso también se les iba olvidando la salud en esas islas. Llegó la pandemia y se extendió sin manejo alguno a tal punto que el único hospital maltrecho que tenía San Andrés tuvo que enviar a sus pacientes con otras enfermedades a un hotel, como informó este diario. Providencia apenas tenía una clínica de atención básica. No había suficiente personal intensivista para atender a los pacientes graves y el oxígeno escaseaba.

Tarde también se acordó el Gobierno de que con el confinamiento los sanandresanos se quedaron sin sustento. Más de 160 negocios cerraron definitivamente, muchos se quedaron sin trabajo y, con los precios disparados porque la mayoría de los alimentos son traídos de fuera, miles pasaron hambre. Las limosnas oficiales de Familias en Acción apenas llegaron a poco más de 2.000 personas.

A los que vociferan sobre la importancia de preservar la integridad del territorio nacional tampoco les pareció importante invertir para prevenir los daños de las tormentas que con seguridad irían arreciando, a raíz del cambio climático, según lo pronosticaron fuentes oficiales y académicas.

Hasta 2019 el Gobierno Nacional no había puesto un peso en esas islas para proyectos de adaptación al cambio climático, ni para construir la infraestructura necesaria para preservarlas ante un desastre. Como dijo la oceanógrafa Gladys Bernal el domingo pasado, resultó sorprendente que la gente de Providencia ni siquiera tuvo dónde refugiarse cuando llegó el huracán Iota, el primero de categoría cinco en golpear a Colombia. A San Andrés no le quedó ni el maltrecho hospital, la mayoría quedó sin casa y una persona murió.

Me pregunto por qué para nuestras élites defender la patria nunca pasa por proteger a la gente que allí vive, ni de la pobreza de siempre, ni de la epidemia y la quiebra de estos días, ni de los huracanes de hoy o de mañana.