“Debería haber elecciones libres en Venezuela”, dijo Gustavo Petro, el día que Nicolás Maduro oficializaba el fraude electoral de julio pasado, autoproclamándose presidente del país vecino. Cuatro días después, el presidente colombiano celebró la liberación del activista de derechos humanos Carlos Correa, secuestrado días antes por el régimen en una calle de Caracas. También pidió liberar a 12 colombianos, junto con los demás presos políticos.
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“Que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos”, trinó Petro. Un lenguaje que duele entre los mandamases maduristas porque se parece a su propia jerga. De ahí, que le respondiera el fiscal Tarek Saab, alegando que “Venezuela ha sido y sigue siendo amenazada desde el territorio colombiano por criminales grupos narco/paramilitares” y lo conminara a “ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas: aquí nosotros nos ocupamos de los nuestros”.
Hasta ahora Petro había cuidado sus declaraciones para no quemar las naves con Maduro. Al inicio de su mandato restauró las relaciones con Venezuela y estuvo empeñado desde que llegó al Palacio de Nariño en orquestar allí una salida democrática y pacífica. Por eso, el 12 de enero con la posesión de Maduro, Petro constató su fracaso y endureció su discurso.
Otra razón poderosa empujaba a Petro a la prudencia. El gobierno del vecino país cobijó al ELN y a otros grupos armados colombianos. Embarcado en su política de “paz total”, necesitaba que ayudara a empujar a estos hombres armados a la mesa de diálogo. No podía andar insultando al gobierno que tenía el poder de dejar sin retaguardia a elenos y disidencias.
No obstante, los jefes del ELN se han resistido a la paz como alacranes a la luz. Están aferrados a sus prácticas violentas, a su triste poder de matar a personas desarmadas, y sobre todo a sus negocios lucrativos de coca, minería y extorsión.
Los negociadores de paz empezaron a tener éxito y, en contra de la voluntad del comando central eleno, consiguieron que su frente Comuneros del Sur en Nariño comenzara un proceso de paz. Eso enfureció a los jefes del ELN y, en el colmo de la desfachatez, ordenaron, en venganza, la muerte de Álvaro Jiménez, un estratega del equipo del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Pocos como Jiménez han hecho tanto en Colombia por detener la matazón: con la organización civil que lideró desminaron territorios en todo el país, salvando miles de vidas.
Esta última bofetada del ELN al gobierno y su reciente arremetida en el Catatumbo, con amenazas y muertes a civiles, se da justo cuando el gobierno de Colombia dice que la elección de Maduro no es legítima. No es coincidencia. Si a cambio del velado respaldo de Petro a su régimen, alguna vez Maduro le ayudó a Colombia a tenerles la rienda corta a los perros de la guerra que se refugian en su país, ahora ya no.
Hace bien Petro en insistir que no va pelear con el pueblo venezolano, cada vez más imbricado con el nuestro. En Colombia viven hoy 2,5 millones de venezolanos, entre ellos hijos de colombianos que se habían ido a buscarse la vida a Venezuela cuando era próspera y tranquila. Hoy, a pesar de todo, aún residen allí muchos de los 3,3 millones de colombianos que se han ido.
Sin embargo, no podía el presidente colombiano seguir cauto frente al gobierno vecino, mientras este anuncia que paramilitares golpistas intentan entrar a Venezuela, dándoles así carta blanca a los elenos para atacar en la frontera. Por eso también suspendió el proceso con el ELN. Desafortunadamente, no podemos sino esperar un ELN más envalentonado que seguirá causando gran sufrimiento a los colombianos.
