Al Gobierno y a su partido les gustaría que creyéramos que las 16 masacres cometidas desde el pasado 1° de julio, incluidas dos recientes en el barrio Llano Verde en Cali y en Samaniego, Nariño, que dejaron 14 víctimas jóvenes, todavía son producto de la “paz mal hecha” del gobierno anterior.
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La cifra de masacres desde enero de 2019 y hasta el 22 de agosto pasado que calculó Verdad Abierta es de 93 con 348 víctimas. Un terror para las comunidades que no veíamos hacía dos décadas. Bajo cuarentena debería haber sido más fácil impedirlas, pero desde el 1° de julio ha habido 16 masacres y las alertas de la Defensoría no paran, pidiéndole al Estado que por favor evite las que vienen.
El partido de gobierno no tenía proyecto esperanzador ni líder grande con los que ilusionar al país. No tenía futuro que vender. Entonces se dedicaron a envenenar la frágil paz que había.
Las melodías han variado, pero el tono es el mismo. Invocan al espectro de las extintas Farc en forma tan frecuente que alguien que sólo los escuche a ellos pensaría que los 13.000 guerrilleros aún no han dejado las armas. Interceptan e investigan a onegeros, magistrados y periodistas, y, sobre todo, obsesivamente persiguen a la JEP, una entidad creada por el Acuerdo de Paz para impedir que los actores responsables de los horrores de la guerra quedaran impunes. Las senadoras Valencia y Holguín del CD trinan más odio a esta que si fuera banda criminal.
La última pócima para emponzoñar la paz ha sido por cuenta de la acusación que hizo la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe por supuesto soborno y manipulación de testigos. Los gobiernistas dicen que mientras la Corte manda preso al líder que salvó a Colombia, los delincuentes de las Farc están en el Congreso. Alguien desprevenido podría darles la razón; suena injusto.
Pero nada tiene que ver la legitimidad de la Corte para investigar a un senador por supuestos actos de manipulación de la justicia, con el hecho de que hace cuatro años hayamos firmado una paz con unas guerrillas, criminalizadas y descompuestas, sí, pero dispuestas a silenciar sus fusiles en una mesa y evitar así que siguiera la obsoleta y dolorosa guerra. El argumento es tan absurdo como si durante el escándalo del Proceso 8.000 se hubiera dicho: “¡Qué colmo! Cómo puede la Cámara de Representantes investigar al presidente Samper, víctima de la violencia, mientras que los exguerrilleros han sido constituyentes”.
Con las recientes masacres, el mantra oficial de “la paz quedó mal hecha y es injusta” (en contraste con la de Duque, que sí es “paz con legalidad”), sin embargo, se está quedando sin oxígeno. Para poderse jugar como as la destrucción de la endeble paz lograda, el Gobierno necesitaría demostrar que es mucho más efectivo en garantizar la seguridad.
Uno no puede jugar a ser el gobierno de Uribe (que, en efecto, mejoró la seguridad pública dramáticamente, a pesar de los abusos), cuando cada día se parece más al de Pastrana (con pésimo récord de violencia). Dejan que sucedan casi cinco masacres mensuales y dan tumbos cantinflescos a la hora de garantizarles a las víctimas que Mancuso responda por sus crímenes. Lo peor, bajo su guardia, grupos de criminales diversos —disidencias farianas, elenos, pachencas, Oficina de Envigado, gaitanistas— se ensanchan, acumulando tanto poder en algunas regiones que ya libran guerras abiertas entre ellos como si el Estado no existiera. No demorarán en reclamar su estatus político, y si el Gobierno no logra pronto enderezar su acto, tendrá que tragarse su mantra antipaz con las Farc y sentarse a negociar una peor.
