Como los huérfanos de la película, a las altas cortes de justicia de Colombia les han ocurrido una serie de eventos desafortunados. Sospechaban infiltraciones y chuzadas, y la Fiscalía les dijo que organizaciones criminales escarbaban en sus asuntos personales. Los insultos en las redes superaron récords, la cooperación de Estados Unidos les cortó la ayuda para modernización, y la semana pasada se supo que ese gobierno les quitaba la visa a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, y a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia.
La embajada estadounidense en Bogotá les dijo, según Semana, que era un “impasse rutinario”. Devolvió el visado al magistrado Lizarazo, luego de que éste probara que no tenía líos pendientes con la justicia, y a la magistrada Diana Fajardo le solicitaron el mismo trámite para devolvérselo. Aún no hay noticias de la visa del magistrado Patiño.
Uno pensaría que, por sus trayectorias conocidas, cualquier gobierno estadounidense estaría feliz con estos magistrados. Lizarazo ha trabajado por el fortalecimiento de la democracia, como juez y académico. Fajardo, con un pariente víctima en el Palacio de Justicia, empezó trabajando para el proceso constituyente y por años defendió al Estado de demandas. Patiño, juez y procurador especializado en la lucha contra el lavado de activos en Alemania, incluso enseñó técnicas de juicio oral para la USAID.
¿Simple error de rutina, tres magistrados sin visa y suspensión de ayudas a la Corte Constitucional, mientras una campaña de bots amedrentaba a los altos jueces y uno de ellos recibía sufragios? Aunque echen para atrás, el mensaje cala.
El oficialismo explica que para Trump “la lucha contra el narcotráfico es una prioridad”. Puede ser, pero creo que el asunto es al revés. A Trump y Pompeo les importa Colombia si acaso sólo como retaguardia de Venezuela y nada más. Más bien diría que son los “duribistas” los que están azuzando a los halcones del país del Norte para restarles autoridad a las cortes; debilitarlas, hacer su “paz” brava y subir en las encuestas. (Como dice el bloguero Juanpis González, de regio cachaco en campaña, Duque se ha transformado en un paisa bravo).
Los magistrados tienen en sus manos decisiones con enormes implicaciones políticas para el Centro Democrático. La Corte Constitucional tiene que decidir sobre las objeciones presidenciales a la ley de la JEP. La más delicada se refiere a lo no extradición de terceros aceptados por la JEP. Y la Corte Suprema está negando extradiciones cuando ya han sido condenados aquí (reconociendo la autonomía de comunidades indígenas para juzgar) o si tienen que responder ante víctimas colombianas por delitos más graves.
¿Teme el oficialismo, más que por allí se cuelen narcos para evadir ser juzgados afuera como alega Martínez, que muchos terceros cuenten (y canten) más de la cuenta sobre violaciones graves durante el conflicto?
La Corte Suprema debe además decidir si separa o no al fiscal Martínez de la investigación del caso Odebrecht; y la Constitucional, si tumba un artículo de la Ley de Infraestructura que, como está, la hace retroactiva a la hora de reconocerles generosamente sus inversiones a concesionarios de obra pública con contratos anulados.
¿Por qué el fiscal Martínez se volvió tan opositor a las entidades transicionales del paz, siendo hombre cercano a Santos? ¿Para hacer buena letra con el trumpismo de aquí y de allá porque corre su propio pellejo y el de sus expatrocinadores, el Grupo Aval, investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los sobornos de Odebrecht, su socio en la Ruta del Sol II? Difícil saberlo, más cuando las motivaciones del fiscal Martínez son siempre tan misteriosas como carambólicas.
También le puede interesar: "Presiones a la Corte por la JEP: y el gringo ahí"
Como los huérfanos de la película, a las altas cortes de justicia de Colombia les han ocurrido una serie de eventos desafortunados. Sospechaban infiltraciones y chuzadas, y la Fiscalía les dijo que organizaciones criminales escarbaban en sus asuntos personales. Los insultos en las redes superaron récords, la cooperación de Estados Unidos les cortó la ayuda para modernización, y la semana pasada se supo que ese gobierno les quitaba la visa a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, y a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia.
La embajada estadounidense en Bogotá les dijo, según Semana, que era un “impasse rutinario”. Devolvió el visado al magistrado Lizarazo, luego de que éste probara que no tenía líos pendientes con la justicia, y a la magistrada Diana Fajardo le solicitaron el mismo trámite para devolvérselo. Aún no hay noticias de la visa del magistrado Patiño.
Uno pensaría que, por sus trayectorias conocidas, cualquier gobierno estadounidense estaría feliz con estos magistrados. Lizarazo ha trabajado por el fortalecimiento de la democracia, como juez y académico. Fajardo, con un pariente víctima en el Palacio de Justicia, empezó trabajando para el proceso constituyente y por años defendió al Estado de demandas. Patiño, juez y procurador especializado en la lucha contra el lavado de activos en Alemania, incluso enseñó técnicas de juicio oral para la USAID.
¿Simple error de rutina, tres magistrados sin visa y suspensión de ayudas a la Corte Constitucional, mientras una campaña de bots amedrentaba a los altos jueces y uno de ellos recibía sufragios? Aunque echen para atrás, el mensaje cala.
El oficialismo explica que para Trump “la lucha contra el narcotráfico es una prioridad”. Puede ser, pero creo que el asunto es al revés. A Trump y Pompeo les importa Colombia si acaso sólo como retaguardia de Venezuela y nada más. Más bien diría que son los “duribistas” los que están azuzando a los halcones del país del Norte para restarles autoridad a las cortes; debilitarlas, hacer su “paz” brava y subir en las encuestas. (Como dice el bloguero Juanpis González, de regio cachaco en campaña, Duque se ha transformado en un paisa bravo).
Los magistrados tienen en sus manos decisiones con enormes implicaciones políticas para el Centro Democrático. La Corte Constitucional tiene que decidir sobre las objeciones presidenciales a la ley de la JEP. La más delicada se refiere a lo no extradición de terceros aceptados por la JEP. Y la Corte Suprema está negando extradiciones cuando ya han sido condenados aquí (reconociendo la autonomía de comunidades indígenas para juzgar) o si tienen que responder ante víctimas colombianas por delitos más graves.
¿Teme el oficialismo, más que por allí se cuelen narcos para evadir ser juzgados afuera como alega Martínez, que muchos terceros cuenten (y canten) más de la cuenta sobre violaciones graves durante el conflicto?
La Corte Suprema debe además decidir si separa o no al fiscal Martínez de la investigación del caso Odebrecht; y la Constitucional, si tumba un artículo de la Ley de Infraestructura que, como está, la hace retroactiva a la hora de reconocerles generosamente sus inversiones a concesionarios de obra pública con contratos anulados.
¿Por qué el fiscal Martínez se volvió tan opositor a las entidades transicionales del paz, siendo hombre cercano a Santos? ¿Para hacer buena letra con el trumpismo de aquí y de allá porque corre su propio pellejo y el de sus expatrocinadores, el Grupo Aval, investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los sobornos de Odebrecht, su socio en la Ruta del Sol II? Difícil saberlo, más cuando las motivaciones del fiscal Martínez son siempre tan misteriosas como carambólicas.
También le puede interesar: "Presiones a la Corte por la JEP: y el gringo ahí"