Los Gaitanistas, Clan del Golfo o AGC son la mayor organización criminal colombiana que avanza como una sombra oscura que va sometiendo y corrompiendo a ciudadanos de bien en pueblos y ciudades.
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Tiene hoy 9.000 hombres y mujeres armados con sueldos mensuales que oscilan entre 700 mil pesos y el millón, sin contar administradores, políticos y quienes les sirven como espías en las zonas que va dominando. Está en 392 municipios y recoge rentas anuales de unos 4.400 millones de dólares, cuatro veces los ingresos de dos de las principales empresas colombianas.
El 75 % de sus ganancias provienen de actuar como aseguradora, reguladora, logística y financiadora del narcotráfico. Se lucra también con la extorsión a mineras y contratistas del Estado y muerde tajadas de la minería ilegal y del tráfico de personas por el Urabá.
Es este cuadro el que arroja el esclarecedor informe La incógnita de la ‘paz total`: qué hacer con los gaitanistas, que publicó en días pasados el International Crisis Group. Revela que los gaitanistas están reinventándose como una suerte de nuevas Autodefensas Unidas de Colombia revueltas con guerrillas. Son como un torbellino que recogió los aprendizajes de todos los guerreros pasados y se alza por las regiones pretendiendo ser Estado.
Como los antiguos paramilitares, los gaitanistas combinan terror y servicio público. Es decir, a la par que construyen carreteras, reparten regalos y cuidan el medio ambiente, imponen toques de queda, confinamientos, asesinan a quién se les resista y compran cómplices de la fuerza pública. Además, retomaron el viejo rol narco-regulador de las desmovilizadas FARC: cobran impuesto a productores, garantizan precio, protegen laboratorios y aseguran un flujo regular desde la selva hasta altamar, donde criminales internacionales les reciben la carga ilegal.
Regidos por un consejo mayor desconocido, entre los que se sospecha hay finqueros que les financiaron su renacimiento, los gaitanistas les trabajan a unos narcos invisibles.
Las AGC tienen himno, bandera, plegaria y discurso político que reivindica la justicia social, pero profesa amor al capitalismo (“defender las clases medias y bajas pero sin atropellar a los ricos”). Creyéndose civilizadores, son una pesadilla que amenaza toda esperanza de vida civilizada.
Después de un diálogo fracasado, el gobierno Petro les declaró la guerra. Y, según se deduce del discurso ante el Congreso del ministro de Defensa, Iván Velásquez, del 12 de marzo, los están atacando por varios frentes: de 44 combates contra grupos armados este año, 27 fueron contra el Clan. Además, el gobierno incautó un récord histórico de cocaína: 789 toneladas en los últimos 14 meses y destruyeron 364 laboratorios en 2023. Metieron a la cárcel a 33 narcos invisibles, probablemente algunos de sus clientes. Y Mindefensa está en proceso de ampliar y mejorar la fuerza pública en el territorio para darle a las comunidades la protección que piden a gritos.
Pero el esfuerzo institucional no puede ir tan rápido como las AGC. Por eso Crisis Group le recomienda a Petro conversar con ellos para conseguir sobre todo que dejen de reclutar, presionar a los pobladores y matar a sus líderes. Y a medida que el diálogo construya confianza, ir llevándolos a aceptar condiciones políticamente viables.
Para conseguirlo, el Estado tendrá que crearles una grave disrupción en la cadena de tráfico de cocaína y en el lavado de utilidades, metas aún lejanas. Los gaitanistas viven de garantizar que esa cadena sea confiable y fluida y sólo si no lo consiguen, contemplarían quizás abandonar su gesta destructora.
Es una tarea que nos debería unir más allá de ideologías, pues amenaza con devolvernos un cuarto de siglo, a los tiempos cuando en Colombia gobernaba sobre todo el terror.
