La protesta social en Colombia lleva décadas. Más de 600 movilizaciones sociales en 1975, en 1999 y más de mil en 2007 y en 2013, según el registro histórico del Cinep. Luego del Acuerdo de Paz de 2016, cuando las FARC dejaron de existir, amainó el miedo al estigma guerrillero y las manifestaciones y reclamos aumentaron. Así se llegó al Paro nacional de 2019 y al Estallido Social del 21N.
Nada de eso cambió con el gobierno Petro. Según el informe de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo, en 2022 hubo 1.427 protestas de algún tipo, y estas crecieron hasta 4.039 en 2025. En este último año, se dieron en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. Los colombianos bloquearon vías, marcharon, llenaron plazas, gritaron y bailaron, hicieron murales y plantones, por la falta de trabajo, por los malos servicios públicos, por las promesas incumplidas, por la inseguridad y el acoso de los grupos criminales. Las protestas por el deterioro de la atención en salud crecieron en un 80 %, por la pésima gestión de Petro.
Estas cifras se vuelven relevantes en la coyuntura actual, cuando el presidente electo De la Espriella anuncia, desde el vamos, que cualquier movilización social será fruto de que la izquierda quiere incendiar el país. Y el derrotado Cepeda promete desde ya que toda marcha pública será fruto de su convocatoria a desobediencia civil. Son tambores de guerra que, en el fondo, desprecian a la ciudadanía y sus legítimos reclamos.
Sería mucho más saludable para el desarrollo democrático de Colombia que los líderes opuestos, en lugar de inventar conspiraciones o augurar desobediencias, asumieran las protestas ciudadanas por lo que realmente son: colombianos que buscan que el sistema político les resuelva sus problemas cotidianos; que deje la corrupción y la desidia y les dé carreteras, salud, educación, protección.
En los peores momentos del Estallido Social, según la investigación posterior de la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad del Rosario, la absoluta mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas. Sí hubo oportunismo de manos criminales coladas que causaron miedo y muerte y también hubo una respuesta del Estado desproporcionada que usó armas de contención no letal para matar y dejar lesiones vitales. Y, lo peor: esa misma brutalidad estatal incentivó nuevas protestas y violencia.
Pero, como la investigación concluye, no hubo un “gran manipulador”. “El reciente ciclo de movilizaciones sociales fue el resultado del encuentro gradual de varios sectores y organizaciones, con distintas demandas que terminaron entrelazándose”. “Si bien no fueron totalmente espontáneas, ni tampoco carecieron de influencias, revelaron distintas capas de ciudadanos que participan, pretenden influir en su destino y exigen un sistema que los dignifique. Su voz alerta a un sistema político cuya estabilidad se resolverá en la capacidad de incluir a las distintas agendas y actores”.
Los colombianos entonces vamos a seguir protestando por una vida mejor. No porque Cepeda nos convoque, ni porque una supuesta guerrilla –que no existe hace una década– nos orqueste. Un gobierno inteligente que de veras quisiera hacer un milagro, aprendería las lecciones de 2019 y 2021 y, en lugar de sacar feroces robocops a reprimir, desplegaría ejércitos de funcionarios a mejorar caminos y reparar servicios, a proteger a la gente y a debilitar a las mafias territoriales.
Solo que a juzgar por la calidad de los discursos del gobierno que entra y de la oposición que se viene, será “lo mismo que antes” –como decía Jaime Garzon– y obtendremos idéntico y triste resultado: ciudadanos que no encuentran un sistema que les ayude a vivir mejor, condenados a protestar y a aguantar palo por otros cuatro años.
