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La semana que pasó, los concejales de Bogotá de diferentes partidos Diego Laserna, Heidy Sánchez, Celio Nieves, Gloria Díaz, María Victoria Vargas, Manuel Sarmiento, Emel Rojas y Marisol Gómez presentaron un proyecto de acuerdo que responde al clamor de los jóvenes, corrigiendo una injusticia real.
Los clubes sociales y deportivos de la ciudad, por ser “predios dotacionales”, junto con universidades, colegios y clínicas privadas, pagan una tarifa de impuesto especial de 6,5 por mil sobre el avalúo catastral. Esta tarifa es menor que la que paga cualquier establecimiento comercial, como una panadería de barrio.
La tarifa que pagamos los bogotanos por vivienda aumenta en relación con el avalúo del predio. En la escala más baja, predios de $128 millones tienen una tarifa 5,5 por mil, y la más alta, los de $1.600 millones, una de 12,3 por mil. Los predios dotacionales, sin importar cuánto valen, pagan igual que una vivienda de clase media.
Los concejales argumentan que es comprensible la tarifa barata para colegios u hospitales privados, por sus obvios beneficios externos, pero ¿cuál es el de un club donde un puñado de socios practican el squash o la natación y almuerzan con los amigos? Estos socios están en todo su derecho de darse los lujos que quieran, pero poder pagarlos debe incluir pagar los impuestos debidos.
Los concejales proponen, y tienen el apoyo de la Alcaldía, aumentar la tarifa del predial para grandes clubes privados a partir de 2022, y hacerla progresiva según el avalúo del predio. Los más costosos pagarían 10 por mil en 2023. Y que esos ingresos se destinen a los estudiantes de la Universidad Distrital.
Explican que, sobre todo por falta de recursos o cambios súbitos en la familia, apenas uno de cada cinco estudiantes que ingresa a la Distrital logra graduarse; y hay 340 estudiantes con hijos, la mayoría pequeños.
Por eso el proyecto busca subsidiar el transporte de los estudiantes, pagarles las pasantías, ofrecerles buenas salas a madres lactantes estudiantes, ofrecer centros de cuidado a los niños de estudiantes y ampliar la capacidad de investigación aplicada de la universidad. La idea es abrir oportunidades reales para que los jóvenes no tengan que dejar la universidad.
Sin conocer qué predial pagan hoy los clubes, un cálculo grueso daría que, en caso de aprobarse la norma, por ejemplo el Country, con un predio de más de 60 hectáreas, calculando un avalúo a la mitad del precio comercial del metro cuadrado de vivienda en la zona (a $3,5 millones el metro), tendría que pagar unos $800 millones más de predial en 2023. Con este dinero adicional, la U. Distrital podría incrementar en un casi el 30 % el presupuesto de su Centro de Inversiones y Desarrollo Científico. Otro ejemplo, el Club El Nogal, con 42.000 metros cuadrados, calculando el avalúo por metro en la mitad de lo que vale una vivienda de la zona, terminaría pagando unos $22 millones adicionales en 2023, con lo que se cubrirían pasantías de salario mínimo y subsidio de transporte a unos 22 estudiantes.
El proyecto propone rebajar el monto total de tributos a aquellos clubes que presten sus instalaciones deportivas, al menos una vez por semana, a las escuelas deportivas gratuitas para niños que coordina el Instituto de Recreación y Deportes.
Lo mejor de este proyecto es que es real, acotado y viable. No viene cargado de discursos ideológicos que suelen terminar en aire. Simplemente responde, mediante una pragmática redistribución, con recursos contantes y sonantes, a la exigencia de unos jóvenes bogotanos. Si se replicaran iniciativas similares en otras ciudades, cerrando los agujeros del fisco para equilibrar riqueza, ahí tendríamos ya una pequeña reforma tributaria.
