El país está literalmente envenenado de corrupción y no parece haber antídoto para contrarrestarla.
Ni los bogotanos agitamos cacerolas para exigirle a Samy que renuncie, ni hay marcha general para frenar unas elecciones que serán chuecas en medio país, y cuando la Corporación Arco Iris hace una lista de candidatos posiblemente indeseables, se desata contra sus investigadores tal rabia que pareciera que fueran ellos los de la parentela presa. La moral pública colombiana está como un boxeador al borde del knock out.
Se han hecho esfuerzos, sería injusto negarlo: un tercio del pasado Congreso está tras rejas, el último estatuto anticorrupción es más duro que los que le antecedieron y, a regañadientes, los partidos expulsaron a algunos candidatos contaminados.
Hay, sin embargo, un remedio potente contra la corrupción del que poco se habla: hacer obligatoria la publicación de las declaraciones de bienes y de ingresos de personas que desempeñen función pública. No es una propuesta teórica. En Estados Unidos es una práctica común. Cada año el presidente Obama publica sus finanzas, desde el millón de dólares que recibió por regalías de sus libros, hasta los 1.600 dólares que vale su perro Bo.
En Argentina, Brasil, Chile y Perú los patrimonios de los funcionarios del Estado también son de acceso público. Por eso en Brasil existe una formidable base de datos como políticosdobrasil.com.br, en donde los periodistas les siguen la pista a los patrimonios de los políticos año tras año y cualquier vecino puede consultarla. Y los argentinos se enteraron en estos días de que el patrimonio de su presidenta Cristina aumentó en casi mil por ciento desde 2003, cuando con su esposo llegó a la Casa Rosada.
En México, donde divulgar esta información es potestativo del funcionario del Estado, la presión política ha llevado al presidente Calderón a publicar hasta el valor de las joyas de su esposa. En Colombia la norma es igual a la mexicana y sólo se hace pública la información si el funcionario así lo permite, pero no ha habido voluntarios.
Si año tras año conociéramos el patrimonio de un funcionario, obviamente se vería si se ha enriquecido indebidamente. Con la ventaja de que si no declara lo que tiene, sería más fácil averiguarlo. Podríamos haber sabido si de verdad el expresidente Uribe compró fincas desde Tierra Alta hasta El Dovio, como indica la leyenda popular, y si el presidente Santos vendió realmente sus acciones de El Tiempo y a quién. Y de pronto también nos enteraríamos de cuánta plata gobernadores y alcaldes “candigatos” le quedaron debiendo a la señora en la última elección.
¿Qué nos impide cambiar esta norma tan simple y obligar a que, al menos, los funcionarios públicos de mayor rango hagan públicos los formularios de declaración de bienes, ingresos y obligaciones que hoy deben llenar para posesionarse y actualizar cada año? Por años se dijo que en Colombia esto era peligroso porque dejaba a los servidores públicos expuestos al secuestro, pero ya desde hace rato este delito ha caído incluso por debajo del nivel de otros en América Latina.
Creo más bien que no cambiamos la norma porque, a pesar de la palabrería de lucha anticorrupción, en la médula de la mayoría de los políticos sigue intacta la convicción de que quien no use el poder que da el Estado para enriquecerse, raya con la estupidez. Por eso ni siquiera los gobernantes que se dicen más decentes publican sus cuentas y es la propuesta de obligar a las personas con contratos y cargos estatales a que publiquen sus declaraciones de bienes la que suena indecente.
El país está literalmente envenenado de corrupción y no parece haber antídoto para contrarrestarla.
Ni los bogotanos agitamos cacerolas para exigirle a Samy que renuncie, ni hay marcha general para frenar unas elecciones que serán chuecas en medio país, y cuando la Corporación Arco Iris hace una lista de candidatos posiblemente indeseables, se desata contra sus investigadores tal rabia que pareciera que fueran ellos los de la parentela presa. La moral pública colombiana está como un boxeador al borde del knock out.
Se han hecho esfuerzos, sería injusto negarlo: un tercio del pasado Congreso está tras rejas, el último estatuto anticorrupción es más duro que los que le antecedieron y, a regañadientes, los partidos expulsaron a algunos candidatos contaminados.
Hay, sin embargo, un remedio potente contra la corrupción del que poco se habla: hacer obligatoria la publicación de las declaraciones de bienes y de ingresos de personas que desempeñen función pública. No es una propuesta teórica. En Estados Unidos es una práctica común. Cada año el presidente Obama publica sus finanzas, desde el millón de dólares que recibió por regalías de sus libros, hasta los 1.600 dólares que vale su perro Bo.
En Argentina, Brasil, Chile y Perú los patrimonios de los funcionarios del Estado también son de acceso público. Por eso en Brasil existe una formidable base de datos como políticosdobrasil.com.br, en donde los periodistas les siguen la pista a los patrimonios de los políticos año tras año y cualquier vecino puede consultarla. Y los argentinos se enteraron en estos días de que el patrimonio de su presidenta Cristina aumentó en casi mil por ciento desde 2003, cuando con su esposo llegó a la Casa Rosada.
En México, donde divulgar esta información es potestativo del funcionario del Estado, la presión política ha llevado al presidente Calderón a publicar hasta el valor de las joyas de su esposa. En Colombia la norma es igual a la mexicana y sólo se hace pública la información si el funcionario así lo permite, pero no ha habido voluntarios.
Si año tras año conociéramos el patrimonio de un funcionario, obviamente se vería si se ha enriquecido indebidamente. Con la ventaja de que si no declara lo que tiene, sería más fácil averiguarlo. Podríamos haber sabido si de verdad el expresidente Uribe compró fincas desde Tierra Alta hasta El Dovio, como indica la leyenda popular, y si el presidente Santos vendió realmente sus acciones de El Tiempo y a quién. Y de pronto también nos enteraríamos de cuánta plata gobernadores y alcaldes “candigatos” le quedaron debiendo a la señora en la última elección.
¿Qué nos impide cambiar esta norma tan simple y obligar a que, al menos, los funcionarios públicos de mayor rango hagan públicos los formularios de declaración de bienes, ingresos y obligaciones que hoy deben llenar para posesionarse y actualizar cada año? Por años se dijo que en Colombia esto era peligroso porque dejaba a los servidores públicos expuestos al secuestro, pero ya desde hace rato este delito ha caído incluso por debajo del nivel de otros en América Latina.
Creo más bien que no cambiamos la norma porque, a pesar de la palabrería de lucha anticorrupción, en la médula de la mayoría de los políticos sigue intacta la convicción de que quien no use el poder que da el Estado para enriquecerse, raya con la estupidez. Por eso ni siquiera los gobernantes que se dicen más decentes publican sus cuentas y es la propuesta de obligar a las personas con contratos y cargos estatales a que publiquen sus declaraciones de bienes la que suena indecente.