La iniciativa del ya precandidato presidencial Gustavo Petro fue copiada —como dicen ahora— por medio país; y se anuncian proyectos de ley para el desarme nacional, que ojalá no termine en letra muerta.
Aunque la iniciativa es necesaria y oportuna, el largo camino que debe recorrer tiene más espinas que rosas. Y es que hay que empezar por el desarme de los delincuentes, los sicarios y demás fauna que conforman los llamados “malos”.
Para un civil que requiera un arma para su protección y la de su familia y que ha sido secuestrado, fleteado o amenazado, obtener un “trueno” es un completo viacrucis: el papeleo es infinito, amén de las colas y hasta las humillaciones que hay que soportar pese a cualquier “padrinazgo” que pudiere ayudar.
A contrapelo de lo anterior, cualquier ladronzuelo de poca monta o matón o guerrillo o paraco se pavonea por calles y caminos sin importar ni las leyes ni la autoridad: igual sigue orondo y campante con su arma al cinto reviviendo una época nefasta de nuestras ciudades y en el campo.
En Cali, por ejemplo, los atracos callejeros se salieron de madre y de nada han servido los refuerzos que debieron enviarse de Bogotá para apoyar a la precaria y paupérrima policía local, que no da abasto, y lo peor: a los pocos cacos que logran apresar y a quienes les encuentran revólveres, pistolas y metralletas, por esas cosas de nuestra injusticia, a los pocos días los dejan libres.
Qué bueno entonces que se comience por donde es: moralizando a ciertas autoridades que, a cambio de salvoconductos, reciben billetes, y siendo mas drásticos en la judicialización y menos permisivos con los infractores de la ley.
Las estadísticas dicen que los delitos los cometen más los delincuentes que la gente de bien: A aquellos, la ley pareciera favorecerles y hasta derechos humanos le meten a sus defensas. A éstos, les cae todo el peso de la justicia.
Comencemos entonces por los delincuentes y no por los verdaderos aliados de las autoridades, quienes ante la ausencia de protección estatal, se han visto obligados a impedir que los roben , los secuestren o los maten.
La iniciativa del ya precandidato presidencial Gustavo Petro fue copiada —como dicen ahora— por medio país; y se anuncian proyectos de ley para el desarme nacional, que ojalá no termine en letra muerta.
Aunque la iniciativa es necesaria y oportuna, el largo camino que debe recorrer tiene más espinas que rosas. Y es que hay que empezar por el desarme de los delincuentes, los sicarios y demás fauna que conforman los llamados “malos”.
Para un civil que requiera un arma para su protección y la de su familia y que ha sido secuestrado, fleteado o amenazado, obtener un “trueno” es un completo viacrucis: el papeleo es infinito, amén de las colas y hasta las humillaciones que hay que soportar pese a cualquier “padrinazgo” que pudiere ayudar.
A contrapelo de lo anterior, cualquier ladronzuelo de poca monta o matón o guerrillo o paraco se pavonea por calles y caminos sin importar ni las leyes ni la autoridad: igual sigue orondo y campante con su arma al cinto reviviendo una época nefasta de nuestras ciudades y en el campo.
En Cali, por ejemplo, los atracos callejeros se salieron de madre y de nada han servido los refuerzos que debieron enviarse de Bogotá para apoyar a la precaria y paupérrima policía local, que no da abasto, y lo peor: a los pocos cacos que logran apresar y a quienes les encuentran revólveres, pistolas y metralletas, por esas cosas de nuestra injusticia, a los pocos días los dejan libres.
Qué bueno entonces que se comience por donde es: moralizando a ciertas autoridades que, a cambio de salvoconductos, reciben billetes, y siendo mas drásticos en la judicialización y menos permisivos con los infractores de la ley.
Las estadísticas dicen que los delitos los cometen más los delincuentes que la gente de bien: A aquellos, la ley pareciera favorecerles y hasta derechos humanos le meten a sus defensas. A éstos, les cae todo el peso de la justicia.
Comencemos entonces por los delincuentes y no por los verdaderos aliados de las autoridades, quienes ante la ausencia de protección estatal, se han visto obligados a impedir que los roben , los secuestren o los maten.