El municipio de Calima El Darién, ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, no solo alberga el lago Calima con su respectiva hidroeléctrica, que genera energía y es un atractivo turístico de primer nivel en el suroccidente colombiano, sino que además es una reserva natural y de conservación ecológica que se debe respetar y proteger.
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Por ello, la posibilidad de que se otorguen tres licencias ambientales para la extracción de oro, plata y platino, además de sacar arena y grava, ha encendido las alertas para impedir semejante exabrupto. En caso de ocurrir, atentaría contra el nacimiento de cinco ríos y dos quebradas, dejando sin agua a las poblaciones circunvecinas y al mismísimo lago. Sería una hecatombe ambiental y una vergüenza universal, que se debe impedir de inmediato.
Fue el escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardeazábal el primero en poner el grito en el cielo y alertar sobre lo que se estaba cocinando. De inmediato, las fuerzas vivas regionales despertaron de su tradicional letargo y se unieron en una gran cruzada —en la que participan la Gobernación del departamento, la Alcaldía de Calima El Darién, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y los medios de comunicación, entre otros—, para exigir al Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que garanticen que esto no se va dar, por más leguleyadas que interpongan los interesados en este negocio o, mejor, negociado.
Aquí juegan también un papel importante las comunidades que, en últimas, serían las más perjudicadas, así les pinten pajaritos de oro y les prometan millones para mejorar su calidad de vida con la maquinaria aceitada por los políticos de turno, que ven una jugosa oportunidad de ganarse coimas y comisiones en la intermediación.
No a este esperpento, por más permisos que obtengan —ya sabemos cómo—, pues perpetrarían un crimen ecológico de tal magnitud que sería la tapa de la olla de la corrupción que tanto se da en la minería de nuestro país.
