Si dentro de ocho días el Gobierno central no firma el documento mediante el cual se compromete a aportar los recursos para la construcción del Tren de Cercanías, se van a perder no solo dos años, sino, además, una millonada inmensa de plata y el riesgo de que se venzan unos permisos que harto trabajo ha costado conseguirlos.
Como este 8 de noviembre se inicia la prohibición de realizar contratos con el Estado, habida cuenta el comienzo del embeleco ese de la Ley de garantías, que solo se levantará después de la posesión del nuevo presidente –si es que el sucesor de Petro no sigue su consigna de joder al Valle a lo que dé lugar– ahí tendremos una prueba más del maltrato que se le ha dado a esta región durante el Gobierno del cambio.
De ser así, el Tren de Cercanías entrará a formar parte del rosario de frustraciones del Valle junto con la carretera Mulaló-Loboguerrero, la profundización del acceso al puerto de Buenaventura, la entrega de la ampliación de la vía Buga-Buenaventura, el aeropuerto de este municipio y ni para qué sigo con esta lista interminable que provoca sentarse a llorar.
Y pensar que los votos con que ganó Petro fueron los de esta región del país. Pero como “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, podríamos esperar lo peor pese a los llamados de urgencia de todos los gremios, asociaciones, líderes cívicos y la bancada parlamentaria que, al parecer, ya no tiene la fuerza de antes.
Por su parte, sector gubernamental en cabeza la gobernadora Dilian Francisca Toro está haciendo lo imposible a nivel de legislativo y los altos mandos ejecutivos para que esta súplica sea atendida. De lo contrario, el tan necesario e inaplazable Tren de Cercanías se convertiría en un vergonzoso Tren de Lejanías y, ahí sí, apague y vámonos.
