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Si en dos meses no se ha normalizado el pago por parte de la Adres y las EPS a las IPS del Valle, el servicio de salud colapsará para una población de más de cuatro millones de habitantes.
No sé si algo similar está sucediendo en otros departamentos, pero aquí la situación es en extremo preocupante al punto de que varias clínicas y hospitales están anunciando el cierre de algunos de sus servicios porque el incumplimiento del Estado los tiene quebrados. Esto produce de inmediato, además, un despido colectivo de miles de personas entre los que se cuentan enfermeras, personal paramédico y administrativo, profesionales y especialistas. Pero los más perjudicados serán los pacientes que no van a recibir los medicamentos y se pondrán en peligro sus vidas y la atención a sus consultas para atender sus dolencias. Se generará con ello un caos total en los demás centros de atención, que no darán abasto para recibir una avalancha de personas urgidas de los servicios médicos a los cuales tienen un derecho adquirido que han pagado durante buena parte de sus vidas.
Se sabe, por ejemplo, que una clínica que atiende un 25 % de los partos en Cali, está asfixiada y no puede seguir atendiendo con la celeridad que le ha caracterizado y ya las embarazadas están tratando de que las atiendan en otros centros asistenciales. E igual sucede con el Hospital Infantil Club Noel, que por estos días conmemora cien años de fundación y que ha atendido a millones de niños de bajos recursos, y le ha salvado la vida a miles de infantes, y ni hablar de una prestigiosísima clínica a la cual se le adeuda cerca de un billón de pesos.
El Ministerio de Salud y su Superintendencia no pueden seguir pasando de agache y tomándole el pelo a esta responsabilidad que no da espera. ¿O qué será lo que está tramando a costillas de la salud y de la vida de millones de colombianos?
¡Aquí sí que puede repetirse que resultó peor el remedio que la enfermedad!