Quienes creen que en pocos días comenzará el bombardeo indiscriminado a los cultivos ilícitos de coca, arrasando parques naturales, páramos, humedales, manglares, nacimientos de agua y centros poblados, se equivocan y están siendo engañados por los que le están haciendo juego al narcotráfico y defienden esta actividad.
El Gobierno no está improvisando en esta solución, que no tiene otra salida que utilizar monomotores para fumigar la mata maldita y ponerle coto al crecimiento exponencial de cientos de hectáreas imposibles de erradicar con los medios tradicionales. Me explico: la aspersión aérea cuesta $1,2 millones por hectárea contra $4,8 millones que vale la fumigación terrestre, que entre el 7 de agosto de 2018 y el 9 de abril de este año ha cobrado la vida de 28 miembros de la Fuerza Pública y cuatro erradicadores y ha dejado heridos a 160 uniformados y 57 erradicadores, como producto, entre otras cosas, de las minas antipersonales, que hacen imposible adelantar la misión a la que se han comprometido.
Por otra parte, el uso del glifosato no es nuevo en nuestro país ni en muchos países de todo el orbe, sin que se hayan presentado los cuadros apocalípticos que nos quieren vender para satanizar este producto. Utilizado con responsabilidad y moderación, es un excelente aliado de la agricultura, y que tire la primera piedra el hombre del campo que no lo haya usado en algún momento.
La aspersión que plantea el Gobierno, con todas las bendiciones de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Estupefacientes y los ministerios de Defensa, Justicia, Educación y Salud, entre otros, cuenta con los últimos adelantos tecnológicos para ubicar los lugares exactos donde se harán las fumigaciones con una precisión milimétrica y una estricta supervisión, para garantizar que se cumpla lo que se ha acordado.
Sin embargo, los enemigos del Gobierno, la oposición y los idiotas útiles de siempre insisten en sus posturas y desinforman a la opinión pública, despachando a la horca una urgencia nacional, pues de ninguna otra manera podrá el Estado combatir el mayor mal que nos aflige a los colombianos.
Quienes creen que en pocos días comenzará el bombardeo indiscriminado a los cultivos ilícitos de coca, arrasando parques naturales, páramos, humedales, manglares, nacimientos de agua y centros poblados, se equivocan y están siendo engañados por los que le están haciendo juego al narcotráfico y defienden esta actividad.
El Gobierno no está improvisando en esta solución, que no tiene otra salida que utilizar monomotores para fumigar la mata maldita y ponerle coto al crecimiento exponencial de cientos de hectáreas imposibles de erradicar con los medios tradicionales. Me explico: la aspersión aérea cuesta $1,2 millones por hectárea contra $4,8 millones que vale la fumigación terrestre, que entre el 7 de agosto de 2018 y el 9 de abril de este año ha cobrado la vida de 28 miembros de la Fuerza Pública y cuatro erradicadores y ha dejado heridos a 160 uniformados y 57 erradicadores, como producto, entre otras cosas, de las minas antipersonales, que hacen imposible adelantar la misión a la que se han comprometido.
Por otra parte, el uso del glifosato no es nuevo en nuestro país ni en muchos países de todo el orbe, sin que se hayan presentado los cuadros apocalípticos que nos quieren vender para satanizar este producto. Utilizado con responsabilidad y moderación, es un excelente aliado de la agricultura, y que tire la primera piedra el hombre del campo que no lo haya usado en algún momento.
La aspersión que plantea el Gobierno, con todas las bendiciones de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de Estupefacientes y los ministerios de Defensa, Justicia, Educación y Salud, entre otros, cuenta con los últimos adelantos tecnológicos para ubicar los lugares exactos donde se harán las fumigaciones con una precisión milimétrica y una estricta supervisión, para garantizar que se cumpla lo que se ha acordado.
Sin embargo, los enemigos del Gobierno, la oposición y los idiotas útiles de siempre insisten en sus posturas y desinforman a la opinión pública, despachando a la horca una urgencia nacional, pues de ninguna otra manera podrá el Estado combatir el mayor mal que nos aflige a los colombianos.