La reciente masacre en la que perdieron la vida cinco indígenas y resultaron heridos otros seis estaba anunciada. Como “todo nos llega tarde, hasta la muerte”, he ahí el resultado de no haber actuado a tiempo, pese a las múltiples amenazas a las comunidades caucanas que viven —y ahora mueren— entre dos fuegos.
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Sus heráldicos y legendarios bastones de mando ya no fueron suficientes para ejercer su poder y detener la violencia desenfrenada de los cultivadores de las hojas malditas que no respetan Dios ni ley.
Allí están en franco contubernio las disidencias de las Farc, los narcocultivadores criollos, los carteles mexicanos que muy orondos se pasean por nuestras montañas y un puñado de campesinos que o trabajan para ellos o se mueren de hambre, y a quienes ahora además asesinan demostrando un poderío en armas y crueldad jamás visto por esos lares.
Ante ello, el Estado —por fin— ha hecho presencia anunciando una guerra frontal contra estas organizaciones parapetadas en medio de las comunidades indígenas que se cansaron de ser sus cómplices por las buenas o por las malas, y al querer imponer su autoridad las están “fumigando” despiadadamente.
El anuncio lo hizo antier el presidente Duque en esos territorios en donde supuestamente estaba vedada su presencia, y garantizó que en breve 2.500 militares entrarán en los puntos críticos del departamento del Cauca para imponer el orden y lograr que retorne un clima de paz y tranquilidad.
Desde luego no será una tarea fácil y se prevén muchas bajas, incluso —y ojalá así no sea— de personas inocentes, pero estábamos demorados en asumir una postura más firme y decidida contra los cultivos ilícitos que azotan el sur del país, en donde han esclavizado a sus pobladores.
Paralelo a lo anterior, el Gobierno anunció un “florecimiento institucional” y acogió una propuesta de trabajo de la Defensoría del Pueblo que beneficiará a miles de habitantes de esa región nortecaucana. Estaremos atentos al cumplimiento de estos compromisos.
