Sucedió en Cali, como sucede en cualquier ciudad del país. Una cámara captó el momento en que un delincuente arrima su pequeña moto a un Spark que se hallaba estacionado en una concurrida vía, a plena luz del día.
Se ve claramente cuando desenfunda su arma para exigir que el conductor le entregue lo que parece ser un celular. No contento con este botín, nuevamente intimida a los demás pasajeros, quienes le pasan más objetos, incluido un maletín que desecha tirándolo sobre el techo del auto, y cuando de nuevo amenaza con su arma le pasan más cosas. Acto seguido, tranquilamente emprende la huida.
La cámara alcanza a captar las características y las placas de la moto, que son viralizadas en las redes sociales. La Policía ofrece entonces una recompensa de $10 millones para quien dé información del asaltante. Al otro día aparece la moto abandonada en un barrio de la periferia y dos días después el ladrón es aprehendido.
Frote de manos de la ciudadanía. Besos y abrazos a la Policía. Por fin dieron captura a este delincuente. Empero, la felicidad dura poco: el asaltante recobra su libertad porque no había denuncia alguna. De nada valieron el video, la tenencia de la moto y el reconocimiento hecho por expertos de su rostro, que se pudo ver en la grabación.
Surgieron entonces la impotencia y la indignación que primariamente le cargaron a la Policía, como si fuera la responsable de semejante atrocidad.
“Dura lex, sed lex”, nos enseñaron en la facultad de Derecho: dura es la ley, pero es la ley. El ladrón quedó libre y debe estar muerto de la risa planeando sus próximos golpes. Claro que se están haciendo esfuerzos para que las personas damnificadas instauren las necesarias denuncias, pero como la gente cree que eso no sirve para nada y piensan que por el contrario con ello se “autoboletearían”, prefieren pasar de agache.
Sucedió en Cali, como sucede en cualquier ciudad del país. Una cámara captó el momento en que un delincuente arrima su pequeña moto a un Spark que se hallaba estacionado en una concurrida vía, a plena luz del día.
Se ve claramente cuando desenfunda su arma para exigir que el conductor le entregue lo que parece ser un celular. No contento con este botín, nuevamente intimida a los demás pasajeros, quienes le pasan más objetos, incluido un maletín que desecha tirándolo sobre el techo del auto, y cuando de nuevo amenaza con su arma le pasan más cosas. Acto seguido, tranquilamente emprende la huida.
La cámara alcanza a captar las características y las placas de la moto, que son viralizadas en las redes sociales. La Policía ofrece entonces una recompensa de $10 millones para quien dé información del asaltante. Al otro día aparece la moto abandonada en un barrio de la periferia y dos días después el ladrón es aprehendido.
Frote de manos de la ciudadanía. Besos y abrazos a la Policía. Por fin dieron captura a este delincuente. Empero, la felicidad dura poco: el asaltante recobra su libertad porque no había denuncia alguna. De nada valieron el video, la tenencia de la moto y el reconocimiento hecho por expertos de su rostro, que se pudo ver en la grabación.
Surgieron entonces la impotencia y la indignación que primariamente le cargaron a la Policía, como si fuera la responsable de semejante atrocidad.
“Dura lex, sed lex”, nos enseñaron en la facultad de Derecho: dura es la ley, pero es la ley. El ladrón quedó libre y debe estar muerto de la risa planeando sus próximos golpes. Claro que se están haciendo esfuerzos para que las personas damnificadas instauren las necesarias denuncias, pero como la gente cree que eso no sirve para nada y piensan que por el contrario con ello se “autoboletearían”, prefieren pasar de agache.