Claro que estamos de acuerdo con el aumento del salario mínimo que decretó el gobierno de Gustavo Petro, porque se requiere continuar cerrando más la brecha que presenta la distribución del ingreso nacional y que ubica al país en un puesto denigrante. Los reclamos empresariales, que también se presentaron en 2024, cuando el Gobierno aplicó un 12,07 % de reajuste, se repiten ahora con las mismas previsiones y prevenciones, en una expresión de mentalidad demasiado defensiva que se resiste al mejoramiento de las condiciones del trabajador, para que atienda con más holgura sus necesidades personales y familiares, ampliando el mercado nacional, algo muy positivo.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Para controvertir esas posturas de los gremios económicos es indispensable recalcar en los datos estadísticos del país, que en 2025 mostraron un aumento de la producción agrícola, el consumo y las ganancias empresariales, así como una baja del dólar, luego de haber alcanzado –y superado ligeramente– el valor de $ 5.000 (cuando se escribe esta columna, está por debajo de $ 3.700), lo que entraña problemas para los exportadores, pero ese es otro bolero. Asimismo, aunque no se cumplió la meta fijada para 2025, el IPC bajó un 0,1 % con relación a 2024. En fin, otros indicadores muestran que la economía va por buen camino.
De suerte que está bien que Petro decidiera el aumento del 23,7 % en el salario mínimo para el presente año. Pero, para los propósitos de esta columna, queremos recordar el problema que se presenta desde el primero de abril de 1994, cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993, de la que fue ponente Álvaro Uribe Vélez y en la que se estableció que hacia adelante el reajuste anual se haría en el valor del IPC del año anterior, y no –como lo definía la Ley 71 de 1988– en el mismo porcentaje aplicado al salario mínimo, lo cual constituyó un paulatino garrotazo que desde entonces tiene en descenso a los jubilados.
A este respecto, en los casi 33 años de vigencia de la Ley 100, ese cambio de criterio ya va significando una pérdida que sobrepasa el 42 % en el valor de las mesadas, de manera que el valor de las pensiones va en picada. Por esta razón, tan clara como las mañanas despejadas, la población en retiro se convierte en una franja social de perfil miserable. Luego consideramos que, dentro de los principios inspiradores del gobierno de Gustavo Petro, que hemos respaldado, no encaja esta situación que lesiona en grado inmenso a tanta gente. Entonces, se espera que el presidente, antes de finalizar su mandato, pueda enderezar este entuerto maluco.
Parece que la Confederación Nacional de Pensionados ya se ha manifestado ante el Senado con un estudio sobre la materia, pero ahora apuntamos hacia la sensibilidad y la comprensión del Primer Mandatario, quien quizá no se sienta cómodo si no detiene esta injusticia.
Tris más. Es muy difícil tocar el alma popular y alojarse ahí. Esto lo consiguió Yeison Jiménez, quien se va pero se queda.
*Mario Méndez es sociólogo de la Universidad Nacional.
