La degradación de la guerra, la sevicia de atentados terroristas, crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos y la crueldad de la violencia común hicieron que durante décadas los feminicidios, tan atroces como los anteriores, se vieran en nuestro país como delitos menores.
Pero la violencia contra la mujer tiene en este país machista e hipócrita una tradición criminal, consentida y disimulada que solo salta a la luz pública en medio del morbo ciudadano, el mal tratamiento informativo o errores en procedimientos judiciales.
Peor aún, ha evolucionado, si nos atenemos a Medicina Legal que confirmó ayer el uso en primer lugar de armas de fuego, ya no solo para agredir, sino para eliminar físicamente a mujeres víctimas, como sucedió antier en Bogotá y como sucede, en promedio, cada 12 horas en algún lugar del país. Según el Instituto, en 2016 había 2.500 mujeres en riesgo grave de muerte por parte de sus parejas.
Por eso no se entiende que aquí solo hasta hace tres años se hubiera tipificado como delito el feminicidio y solo hasta hace dos, la Corte Suprema dictara su primera sentencia condenatoria por esta causa.
Y, absurdamente, sigue sin parecer grave por imaginarios que autoridades, medios y audiencias construyen alrededor de esas atrocidades, asentados en celos, advertencias y hasta ira intensa para narrar mitos infundados de subyugación y poder, como vimos o leímos ayer acerca de la víctima, como “la mujer o exmujer” del asesino. O, como hemos hallado en diversos observatorios de medios y han ratificado expertos, se narra a la víctima como generadora del conflicto; y se hacen perfiles del victimario que terminan por justificar el crimen, como el inveterado desequilibrio mental.
En ese contexto legitimador de machismo rampante, moldeado desde hogares, escuelas y medios, urge una política pública que enfrente la impunidad, y desenmascare los mal llamados crímenes pasionales y los trate como lo que son: crímenes imperdonables.
La degradación de la guerra, la sevicia de atentados terroristas, crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos y la crueldad de la violencia común hicieron que durante décadas los feminicidios, tan atroces como los anteriores, se vieran en nuestro país como delitos menores.
Pero la violencia contra la mujer tiene en este país machista e hipócrita una tradición criminal, consentida y disimulada que solo salta a la luz pública en medio del morbo ciudadano, el mal tratamiento informativo o errores en procedimientos judiciales.
Peor aún, ha evolucionado, si nos atenemos a Medicina Legal que confirmó ayer el uso en primer lugar de armas de fuego, ya no solo para agredir, sino para eliminar físicamente a mujeres víctimas, como sucedió antier en Bogotá y como sucede, en promedio, cada 12 horas en algún lugar del país. Según el Instituto, en 2016 había 2.500 mujeres en riesgo grave de muerte por parte de sus parejas.
Por eso no se entiende que aquí solo hasta hace tres años se hubiera tipificado como delito el feminicidio y solo hasta hace dos, la Corte Suprema dictara su primera sentencia condenatoria por esta causa.
Y, absurdamente, sigue sin parecer grave por imaginarios que autoridades, medios y audiencias construyen alrededor de esas atrocidades, asentados en celos, advertencias y hasta ira intensa para narrar mitos infundados de subyugación y poder, como vimos o leímos ayer acerca de la víctima, como “la mujer o exmujer” del asesino. O, como hemos hallado en diversos observatorios de medios y han ratificado expertos, se narra a la víctima como generadora del conflicto; y se hacen perfiles del victimario que terminan por justificar el crimen, como el inveterado desequilibrio mental.
En ese contexto legitimador de machismo rampante, moldeado desde hogares, escuelas y medios, urge una política pública que enfrente la impunidad, y desenmascare los mal llamados crímenes pasionales y los trate como lo que son: crímenes imperdonables.