LO PRIMERO QUE DEBERÍAN DECIRles cuando llegan es que aquí opera el sagrado principio de la intocabilidad. Nos ahorraríamos explicaciones.
Parte de nuestra reciente profesión de fe es que no hay entre los nacidos de mujer un funcionario que, sin importar nacionalidad o rango, tenga la estatura para cuestionar a este Gobierno, a sus políticas o a sus resultados que tanto tiempo toma preparar.
Ya lo intentaron, tercos que son, con los regaños, críticas y hasta portazos conocidos, representantes de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito cuando dijeron que los cultivos de coca habían crecido un 27 por ciento; de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cuando dijeron que aquí había 3 millones de desplazados; de Amnistía Internacional, cuando hablaban de impunidad en la Ley de Justicia y paz; de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuando se atrevieron a hacer 24 recomendaciones en ese ámbito, o José Miguel Vivanco de Human Right Watch hablando de lo mismo, o el fiscal Moreno de la Corte Penal Internacional referido al choque entre Cortes y Gobierno, o incontables voceros de varias ONG, más prolíficas que los huracanes por esta época.
Y no aprenden. Lo prueba la reciente “vaciada” al relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el argentino Leandro O. Despouy; y eso que sólo dijo que buscaría una solución al conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial. ¡Qué tal que hubiera tomado partido!
Si esas instituciones, con su tradición internacional, no clasifican como interlocutores para los inspiradores de la doctrina de la Casa de “Nari”, se entiende el desdén con el que tratan al presidente Francisco Ricaurte y a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. Para no hablar del Partido Liberal, Polo Democrático, Noticias Uno, junta de Banrepública, entre otros sectores que tienen la crítica como parte de su credo.
En cambio de seguir el camino del “diálogo eficaz” al estilo del Congreso, Comisión de Televisión, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y un largo etcétera de entidades que entienden con patriotismo que aquí sólo hay espacio para los críticos que no gusten de banderas blancas, que no se salgan del patrón y que, como está de moda, trabajen sobre medida.
LO PRIMERO QUE DEBERÍAN DECIRles cuando llegan es que aquí opera el sagrado principio de la intocabilidad. Nos ahorraríamos explicaciones.
Parte de nuestra reciente profesión de fe es que no hay entre los nacidos de mujer un funcionario que, sin importar nacionalidad o rango, tenga la estatura para cuestionar a este Gobierno, a sus políticas o a sus resultados que tanto tiempo toma preparar.
Ya lo intentaron, tercos que son, con los regaños, críticas y hasta portazos conocidos, representantes de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito cuando dijeron que los cultivos de coca habían crecido un 27 por ciento; de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cuando dijeron que aquí había 3 millones de desplazados; de Amnistía Internacional, cuando hablaban de impunidad en la Ley de Justicia y paz; de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuando se atrevieron a hacer 24 recomendaciones en ese ámbito, o José Miguel Vivanco de Human Right Watch hablando de lo mismo, o el fiscal Moreno de la Corte Penal Internacional referido al choque entre Cortes y Gobierno, o incontables voceros de varias ONG, más prolíficas que los huracanes por esta época.
Y no aprenden. Lo prueba la reciente “vaciada” al relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el argentino Leandro O. Despouy; y eso que sólo dijo que buscaría una solución al conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial. ¡Qué tal que hubiera tomado partido!
Si esas instituciones, con su tradición internacional, no clasifican como interlocutores para los inspiradores de la doctrina de la Casa de “Nari”, se entiende el desdén con el que tratan al presidente Francisco Ricaurte y a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. Para no hablar del Partido Liberal, Polo Democrático, Noticias Uno, junta de Banrepública, entre otros sectores que tienen la crítica como parte de su credo.
En cambio de seguir el camino del “diálogo eficaz” al estilo del Congreso, Comisión de Televisión, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y un largo etcétera de entidades que entienden con patriotismo que aquí sólo hay espacio para los críticos que no gusten de banderas blancas, que no se salgan del patrón y que, como está de moda, trabajen sobre medida.