NO ES UN MOMENTO PARA DEBER favores. Por eso, entre otras cosas, era tan importante saber el grado de participación del gobierno estadounidense en el exitoso rescate de Íngrid Betancourt y otros catorce secuestrados por las Farc.
No era, por supuesto, un asunto de nacionalismo impostado o de poner en tela de juicio la autoría integral del operativo por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
La eventual negociación del TLC con Estados Unidos y la decisión, antes de que termine agosto, sobre el estándar de televisión digital que adoptará Colombia, proceso en el que el país del norte es uno de los cuatro proponentes, no necesitan gratitudes prematuras ni presiones adicionales.
En este último caso, no sólo está en juego el proceso de montaje tecnológico de la estructura de transmisión y recepción televisivas, lo que suma varios miles de millones de dólares; también va la apuesta por el modelo de negocio de comercialización de contenidos y programas con países y regiones que tengan el mismo estándar.
Y es que a diferencia de los proponentes europeos, chinos y japoneses, los otros tres interesados en el negocio, para Estados Unidos el tema de la televisión digital se convirtió en un asunto de Estado, como lo prueba el lobby a fondo que viene adelantando, incluso con polémicas apariciones en la prensa, el embajador Brownfield.
Pero no se trata de un asunto local. Con igual intensidad han aparecido los representantes diplomáticos norteamericanos en la esfera pública de Argentina, Chile y Uruguay, país que se inclinó por el modelo europeo.
Es la reacción, quizá tardía, frente a la avanzada del estándar del Viejo Continente ya adoptado por más de 119 países del mundo, y una de cuyas fortalezas es la cantidad de canales.
Más allá de estas consideraciones y las de los estudios económicos, lo que debe tener claro la Comisión Nacional de Televisión es que a la hora de tomar una decisión, cualquiera que ella sea, debe primar lo técnico y lo económico sobre lo político, debe hacerse evidente la transparencia en el proceso y debe saber que una decisión equilibrada y acorde con nuestras necesidades, más allá de cualquier presión, habla mejor de confianza inversionista en nuestro país que toda la publicidad que en ese sentido pase por cualquier tipo de televisión.
NO ES UN MOMENTO PARA DEBER favores. Por eso, entre otras cosas, era tan importante saber el grado de participación del gobierno estadounidense en el exitoso rescate de Íngrid Betancourt y otros catorce secuestrados por las Farc.
No era, por supuesto, un asunto de nacionalismo impostado o de poner en tela de juicio la autoría integral del operativo por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
La eventual negociación del TLC con Estados Unidos y la decisión, antes de que termine agosto, sobre el estándar de televisión digital que adoptará Colombia, proceso en el que el país del norte es uno de los cuatro proponentes, no necesitan gratitudes prematuras ni presiones adicionales.
En este último caso, no sólo está en juego el proceso de montaje tecnológico de la estructura de transmisión y recepción televisivas, lo que suma varios miles de millones de dólares; también va la apuesta por el modelo de negocio de comercialización de contenidos y programas con países y regiones que tengan el mismo estándar.
Y es que a diferencia de los proponentes europeos, chinos y japoneses, los otros tres interesados en el negocio, para Estados Unidos el tema de la televisión digital se convirtió en un asunto de Estado, como lo prueba el lobby a fondo que viene adelantando, incluso con polémicas apariciones en la prensa, el embajador Brownfield.
Pero no se trata de un asunto local. Con igual intensidad han aparecido los representantes diplomáticos norteamericanos en la esfera pública de Argentina, Chile y Uruguay, país que se inclinó por el modelo europeo.
Es la reacción, quizá tardía, frente a la avanzada del estándar del Viejo Continente ya adoptado por más de 119 países del mundo, y una de cuyas fortalezas es la cantidad de canales.
Más allá de estas consideraciones y las de los estudios económicos, lo que debe tener claro la Comisión Nacional de Televisión es que a la hora de tomar una decisión, cualquiera que ella sea, debe primar lo técnico y lo económico sobre lo político, debe hacerse evidente la transparencia en el proceso y debe saber que una decisión equilibrada y acorde con nuestras necesidades, más allá de cualquier presión, habla mejor de confianza inversionista en nuestro país que toda la publicidad que en ese sentido pase por cualquier tipo de televisión.