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Sí, por donde se mire. Revivir la guerra del Estado contra grupos ilegales y población civil en medio no puede alegrar ni a quienes atizan el conflicto armado, habida cuenta su fracaso secular, ni a quienes batallan por hacer creer que el gobierno Petro terminó pareciéndoseles hasta en eso.
Otra cosa es que el entramado criminal de Iván Mordisco no deje alternativa en su afán de proteger cultivos ilegales que son, en el Cañón del Micay, cerca de tres cuartas partes de lo sembrado en el Cauca. Esa estructura había sobrepasado límites, más ahora que amenaza con extremarse utilizando niños con paquetes de explosivos.
La retoma de esa región, a la deriva en los gobiernos de Santos y Duque, es indicial. Seis meses preparándola tienen que demostrar que la fuerza pública no bajó guardia en dos años de intentonas de paz. Además, tiene los retos de no tocar e impedir que afecten a los civiles en acciones armadas, recuperar la confianza estatal en medio del recelo natural de la población, acostumbrada a otras reglas de juego en el último lustro; pero, más que nada, diferenciarse de ataques relámpago que dejan a civiles a expensas de represalias, y quedarse a resembrar la institucionalidad expresada en vías, educación, salud y largos procesos de restitución de cultivos, es decir, a nacionalizar esa región victimizada.
Hará falta más que visitas peregrinas de ministros y funcionarios pendientes de egos en redes sociales, más que anuncios excluyentes planeados desde la capital, más que partidas presupuestarias que, por las violencias, pueden ir a parar a los tres grupos armados ilegales de la zona y a los hampones agazapados de siempre, más que salvas de guerrerófilos: inversión, acompañamiento y ejecución, justo las materias pendientes en esta administración. ¡Ah! y un periodismo para la paz, otra vez, que, por seguridad, no use vehículos ni prendas militares y que no “compre” lenguajes que nos pueden terminar de devolver 22 años en la historia.
