A pocas horas de que termine el gobierno del presidente Iván Duque, es preciso preguntarse en qué estado deja la economía colombiana después de cuatro años de mandato. Una administración que estuvo marcada por varias reformas tributarias, tensiones sociales e incluso una pandemia que dejó cicatrices que todavía se ven en los indicadores y hogares colombianos.
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Empecemos por analizar brevemente la gestión antes de que estallara la emergencia sanitaria, social y económico provocada por el covid-19. En efecto, Colombia registraba un crecimiento económico positivo, pero este dinamismo no se reflejaba en mejoras de otros indicadores. La desigualdad era mayor, la pobreza estaba creciendo, el desempleo ya aumentando y la ocupación reduciéndose.
Pero nadie puede negar que la administración Duque siempre será recordada por su gestión durante y después de la pandemia. Y uno de los primeros puntos por analizar es la forma en la que se consiguieron, gestionaron y adjudicaron los recursos.
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Cuando estalló la pandemia en todos los países del mundo surgió la necesidad de buscar recursos para atender la emergencia. Pero en Colombia el esfuerzo fiscal fue inferior al de países vecinos como Brasil, Chile y Perú.
La verdad es que la mayor parte del gasto extra de los últimos años no se destinó a mitigar la emergencia. En 2020, en el peor momento de las necesidades sociales, económicas y sanitarias, solo se ejecutaron $22 billones de los $44,4 billones destinados al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para atención de la emergencia.
De hecho, aunque el gasto público creció más de $100 billones entre 2019 y 2022, a la fecha todavía no se han terminado de ejecutar los $47 billones que tiene el Fondo.
También hubo mensajes contradictorios. En 2021 y 2022, sus dos últimos años, al tiempo que se incrementaba el peso del servicio de la deuda, el gobierno decidió implementar un plan fiscal que redujo la participación del agro, la ciencia y la educación en el presupuesto. Además, propuso una reforma tributaria fallida que detonó la protesta social más aguda del país en décadas.
Asimismo, es inevitable hablar del endeudamiento que deja el mandato saliente. El gobierno Duque dice que entrega “la casa en orden”. Pero lo cierto es que la administración Petro recibirá un déficit fiscal de 5 % del PIB que, según la regla fiscal, deberá ajustar en sus primeros dos años. Una magnitud nunca lograda por ningún gobierno.
Entonces, a pesar de que Duque presentó tres reformas tributarias y de haber usado recursos territoriales para financiarse, le deja a la entrante administración la mayor deuda pública de la historia. Y esto sin tener en cuenta que se deja comprometido el 12 % del PIB con vigencias futuras que van hasta el año 2050.
Frente a la política industrial, deja un déficit externo insostenible, que va en 6,4 % del PIB en el primer trimestre de 2022. Pero, es de hecho un dato maquillado por los altos precios del petróleo y por remesas que crecen más de 30 %.
La ortodoxia económica ha insistido durante décadas que es mejor tener servicios que industria, que la tendencia hacia la inmaterialidad es irreversible, que la conquista de mercados externos se da por la vía del sometimiento a la competencia con los grandes y que todo lo hacen para beneficiar a los consumidores.
Si sus objetivos son loables, hay que reconocer que fracasaron, pues los resultados muestran que las fábricas cerradas y sus trabajos perdidos se reemplazaron por almacenes de importaciones y un mercado laboral precario, con más desempleados, más inactivos y menos ocupados. Además, dejan un país donde siete de cada diez personas son pobres o están en riesgo de serlo, una tendencia que ya existía antes de la pandemia.
Lo que sí llegó fue el descontento social, las movilizaciones y, finalmente, un gobierno que ha prometido transformar positivamente al país. La voluntad popular llevó a la derrota de las antiguas tesis. Perdieron la credibilidad, las elecciones y el respaldo de su población. Por eso toca corresponder con otras tesis, unas que permitan crear riqueza, demandar trabajo, aumentar la producción local, fortalecer la integración regional y hacerlo con equidad y sostenibilidad ambiental.
Por Mario Valencia
