Un pacto contra la austeridad

En momentos en que abundan las buenas ideas sobre el proceso de reactivación económica que debe emprender Colombia, vale la pena aportar en el debate sobre la inconveniencia de persistir en el control de la inflación como objetivo de las medidas económicas actuales. Es cierto que en la década de 1980 fue un problema muy grave en América Latina, pero hace 30 años que la región, con excepción de Venezuela, no presenta fenómenos de hiperinflación.

En las actuales circunstancias, la pandemia revivió la necesidad de inyectar abundantes recursos públicos para remediar la caída de la capacidad de gasto e inversión privada tras los prolongados confinamientos. Aunque se reabra el mercado, lo cierto es que poner a funcionar nuevamente la máquina económica implicará abundantes flujos de recursos. Por esa razón, pensar que la reactivación se dará solamente con movimientos de tarifas de impuestos en el interior de una economía en recesión, no es pensar con audacia.

Uno de los problemas de fuentes de recursos radica en que las restricciones creadas por medio de la política monetaria, usadas para controlar la inflación, ahora impide una mayor actuación de los bancos centrales en proveer la liquidez necesaria a los gobiernos para ser canalizada en gasto e inversión pública. La inflación no es un riesgo hoy en día, pero los bancos centrales siguen comportándose como si lo fuera.

La crisis sería menos grave si el Estado tuviera más posibilidad de acceder a recursos sin deuda por medio de la emisión o el uso de sus reservas. Colombia tiene más de siete meses de reservas internacionales, cuando los parámetros del Fondo Monetario Internacional le aconsejan mínimo tres meses. A pesar de que esos recursos crean cierta apariencia de estabilidad macroeconómica, la verdad es que tener ese dinero en el extranjero no aportará mucho a la reactivación interna. Cada mes de reservas adicionales que acumula el país en bancos foráneos a bajas tasas de interés significa unos $11,5 billones que no tiene para invertir en sus necesidades sanitarias, sociales, de empleo e inversión.

Por ende, la única opción, a menos que se modifique la visión monetarista prevalente, es acceder a préstamos no concesionales que generan un límite en la forma tradicional de medición de la deuda sobre el producto interno bruto, que obliga a adoptar medidas de austeridad fiscal e impide incrementar sustancialmente el gasto público en necesidades sociales y de inversión.

Otro camino es viable, se sabe. Los países desarrollados lo hacen y debería considerarse seriamente como una medida complementaria a una reforma fiscal profunda que corrija las distorsiones creadas por los mismos gobiernos para recaudar menos impuestos a los más ricos, así como para asegurar una orientación de esos recursos más eficiente.