Superar la pandemia COVID-19 es una batalla conjunta, mediada por la solidaridad y la corresponsabilidad. Tenemos plena conciencia que combatir este virus supone un circulo virtuoso que urge concertar acciones en materia de salud, economía, Derechos Humanos y orden público, todas esenciales para la calidad de vida de los colombianos, durante y después del aislamiento preventivo.
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Los desafíos impuestos por la COVID-19, exigen comprender sus etapas, para ejecutar el plan de acción que desde el Gobierno nacional hemos planteado al país, asumiendo un trabajo conjunto con autoridades locales y ciudadanía, que permitirá mitigar el contagio y fortalecer la capacidad del sistema de salud para la debida asistencia y así poder salvar vidas.
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Pero ello solo será posible si cumplimos las medidas de aislamiento y prevención. Tenemos una responsabilidad histórica: comprender que nuestro bienestar tiene correlación directa con el bienestar del otro, con aquel que también necesita mercar, trabajar o acceder a bienes y servicios básicos, en últimas se trata de fortalecer la cultura de la legalidad.
Estamos trazando acciones para el corto, mediano y largo plazo. No actuamos con inmediatez, pero sí con sentido de urgencia. El Presidente Iván Duque ha obrado con estricto cumplimiento de la evidencia científica, los Derechos Humanos y salvaguardando el principio de proporcionalidad. Trabajamos para tener personas sanas y comercios estables. Para que la permanencia en sus hogares durante el aislamiento les garantice salud, abastecimiento de alimentos y alivios económicos a los más vulnerables.
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Las medidas siempre han sido complementarias, pues mientras se fortalece el sistema de salud con aumento del presupuesto en 6 billones para adecuación y capacitación, también se mitiga el contagio mediante el aislamiento preventivo. Del mismo modo, el confinamiento se acompañó de un paquete de medidas económicas y alivios sociales que propenden por el bienestar de todos.
A ningún colombiano se le han suspendido los servicios públicos; por el contrario, se hizo reconexiones de servicios públicos necesarios; los más vulnerables cuentan hoy con subsidios económicos adicionales, y se están girando cerca de $300 mil millones de pesos para 2.600.000 hogares de Familias en Acción, 204.000 Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos del programa Colombia Mayor; la devolución del iva para 1.000.000 de colombianos mediante el giro social; lanzamiento de líneas crediticias para los empresarios y emprendedores; flexibilización del calendario tributario; y protección al empleo a través del Fondo Nacional de Garantías.
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Ofrecemos apoyo psicosocial para quienes desde sus casas necesiten asistencia en salud mental; creamos mecanismos para proteger a nuestros niños y mujeres del maltrato y violencia a la que pueden ser sometidos, para ello brindamos refugios en 65 inmuebles de la sociedad de activos especiales– SAE, y centros transitorios con el ICBF.
Adelantamos acciones afirmativas, diferenciales y focalizadas, para líderes sociales como sujetos de especial protección; asistencia a población de riesgo especial como habitantes de calle, trabajadoras sexuales y personas dependientes de sustancias psicoactivas; apoyo para población migrante e inclusión de la comunidad LGBTI, garantizando salud y seguridad, a todos los sectores poblacionales, adaptando políticas, programas y proyectos para mitigar cualquier condición de vulnerabilidad que la emergencia sanitaria pueda ocasionar.
Las restricciones impuestas por la emergencia o por salud pública deben tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, estar sujetas a revisión y ser proporcionales para lograr su objetivo, tal como lo exigen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por eso, nuestras decisiones se socializan con toda la ciudadanía, para que su desarrollo cumpla los estándares internacionales de Derechos Humanos, ayuda humanitaria y acceso a la información.
*Vicepresidenta de la República
