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La opinión pública es difícil, caprichosa si se quiere. Hace poco la ANDI, Asobancaria y el gobierno se unieron para presionar al Banco de la República para que bajara tasas, pero los académicos y los expertos financieros se opusieron. Uribe y Robledo coincidieron el año antepasado en prohibir Uber y el Partido Verde fue su contendor a la hora de empujar una regulación. Colombia es el país de las paradojas.
Nosotros tenemos departamentos mineros que el año pasado votaron por un candidato antiminero (o sindicatos mineros que lo endosaron) y después salieron furiosos de que está prohibiendo la minería. Uno se extrañaría, pero los sindicatos petroleros tuvieron un camino parecido. Para no ir muy lejos, toda la intelectualidad colombiana (en línea con los expertos internacionales) lleva décadas diciendo que hay que subir impuestos a los más ricos, poner impuestos verdes y bajar los impuestos empresariales; sin embargo, su gran mayoría se opuso a la tributaria de Carrasquilla que hacía exactamente eso mismo. Seguro alguna razón tendrán.
El lector sabrá perdonarme las generalizaciones odiosas, pero es imposible estudiar la opinión pública sin hablar del grueso de los segmentos de la opinión. Al final del día, las leyes se aprueban cuando se unen entre diferentes para formar mayorías: de nada sirve poner al pie de página que había uno que otro disidente.
En esa tormenta de intereses se mueven las grandes narrativas; los think thanks intentan liderarlas, los gremios reaccionan ante ellas y los políticos las leen muy de cerca para representar a sus electores y traducirlas en votos: algunos ofertan ideas y otros las demandan, es casi que un caos en equilibrio. En ese sancocho parece difícil pensar que pueda existir un punto de acuerdo en reformas grandes como la pensional, pero permítanme dudarlo.
Mientras se enfría la sopa, empecemos por lo básico: la reforma al sistema de protección a la vejez actual tiene dos grandes componentes, uno pensional y otro no pensional.
El pensional implica coger el 90 % del flujo de recursos del sistema de ahorro privado y llevarlos a la empresa estatal para repartir entre generaciones (asumiendo un sistema piramidal que no es sostenible). Esto le da más plata al gobierno Petro para gastar hoy, pero prácticamente duplica la deuda con la que queda el país para pagar mesadas. Si uno es lo suficientemente franco en las cifras, se da cuenta que en un par de décadas el gobierno tendría que empezar a cortar significativamente los pagos para no quebrar. Un sinsentido desde todo punto de vista, que bien haría el Congreso en hundir.
El componente no pensional, por su parte, sí tiene amplio apoyo en la población, y consiste en que los adultos que nunca alcanzaron a pensionarse reciban un subsidio directo, girado desde el presupuesto, para salir de la pobreza extrema.
En la carrera presidencial de 2022 todos estaban de acuerdo en este punto. Rodolfo Hernández proponía darles medio salario mínimo a los adultos mayores sin pensión, Petro también. Sergio Fajardo proponía específicamente 500 mil pesos (digamos que era lo mismo) y Federico Gutiérrez proponía una renta de 330 mil pesos. Al final del día el que más se acercó a lo posible fue Fico, y el gobierno de Petro le dio la razón al proponer una renta de $223.800 en la reforma radicada en el Congreso.
El BID y la Universidad de Los Andes analizaron varios escenarios, pero coincidieron con que el pilar básico solidario es deseable en cualquiera de ellos. Fedesarrollo propone que sea de unos 450.000 pesos este pilar y Asofondos propone un pilar similar de línea de pobreza desde hace unos 15 años; y de hecho apoyó al gobierno en este punto de la reforma apenas se conoció el texto.
El gobierno de Gustavo Petro tiene una oportunidad única de leer la opinión pública y darse cuenta que tiene en sus manos la posibilidad de ser el primer líder latinoamericano en establecer una renta básica para todos los adultos mayores del país, solamente si abandona el dogmatismo de insistir en el componente regresivo, peligroso e inviable de la reforma.
Para avanzar no tiene que hacer grandes leyes sino aprovechar que el senador David Luna le propuso cumplir la promesa en la ley de presupuesto. No se me ocurre mejor forma de materializar la idea de acuerdo nacional.
