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Una característica de los espacios de opinión pública y los medios de comunicación es que, para bien o para mal, suele predominar la demanda. Lo decía Alejandro Gaviria en estas mismas páginas hace ya más de diez años: “El proselitismo de periódico, los votos cantados de los columnistas, nunca logran su cometido. Los votantes leen para justificar sus decisiones, no para cambiarlas”. Y razón no le faltaba.
En estos días electorales la gente solicita algo que ni ellos mismos quieren recibir. Al razonar, piden profundidad, expertos, cifras, carretómetros. Eso sí, al actuar, terminan (terminamos, en realidad) enganchados en videos virales de un ingeniero al que le falta un tornillo. Fajardo sacó esta semana un decálogo de 31 ejes que nadie lee (ni sus mismos asesores, a juzgar por las erratas) y Polo Polo, un video de dos minutos cuyas vistas fácilmente superan el censo electoral. La sociedad del espectáculo, por más que se juzgue a la oferta, es un problema de demanda.
No por nada los economistas, en un acto ignaciano, se inventaron la metodología de preferencias reveladas. La gente vota con sus actos, más que con sus palabras. Me perdonarán el cinismo, la frialdad, pero en elecciones el romanticismo es peligroso.
Lo que me tiene pensando en esto de la oferta y la demanda de información es el más reciente “Boletín técnico de estadísticas vitales” del DANE y, sobre todo, la poca resonancia en los candidatos al Congreso. Este informe nos mostró que entre 2020 y 2021 hubo un incremento del 19,4 % en embarazos de niñas menores de 14 años. Cada día que nos despertamos en este país podemos esperar que tres niñas den a luz a un hijo, fruto (casi por definición) de un caso de abuso.
Los medios estuvieron a la altura. El Espectador y El Tiempo le dedicaron espacio en sus portadas y editoriales. Los columnistas notables Thierry Ways (uno de los más leídos de Colombia) y Diana Giraldo (de revista Semana) lo señalaron sin rodeos. La gente, sin embargo, estaba preocupada por otra cosa. Pocos fueron los análisis rigurosos, los diagnósticos sensatos y las propuestas de política pública.
Por eso fue oportuno conocer la propuesta de financiación y pago por resultados de género de la candidata Diana Rodríguez, del Partido Verde.
En Colombia ya se han desarrollado cuatro bonos de impacto social de forma exitosa, con abundantes financiadores de impacto y operadores de amplia trayectoria. Los bonos de impacto social son un mecanismo de pago por resultados para que las organizaciones sociales que pueden atacar los determinantes del embarazo adolescente reciban financiación inmediata para sus actividades.
La propuesta de Rodríguez consiste en que los inversionistas de impacto les den plata a estas organizaciones para atender a las mujeres vulnerables a cambio de un “bono” del Gobierno. Con esa plata, las organizaciones apoyan a las mujeres con atención psicosocial, acompañamiento en el acceso al sistema de salud y con educación sexual y reproductiva. Una vez se reducen los embarazos adolescentes, el Estado les paga a los inversionistas el dinero que arriesgaron para tener una mejor sociedad. Si no hay resultados, el Estado no paga y deja esos recursos disponibles para otros programas. Así, se aumenta la inversión total en atención a la población, pero la plata de los contribuyentes solo se gasta en los programas con resultados.
Esta idea, como dice Daniel Gómez, tiene un tinte hayekiano: busca aprovechar el conocimiento disperso en centenas de organizaciones sociales de cada rincón del país, conocimiento que hoy no tiene el Estado, para mejorar la vida de las personas más vulnerables.
La sociedad del espectáculo podrá seguir demandando videos virales, propuestas rimbombantes e indignaciones revisionistas, pero difícilmente se puede decir que es un problema de oferta. Si uno busca lo suficiente, se va a encontrar con buenas propuestas en distintos partidos. En diez días son las elecciones al Congreso, tal vez la prueba última de las preferencias reveladas, una última oportunidad para reivindicar la demanda.
