Jugarse la piel con el Consejo de Estado

Me perdonarán un posible cinismo, inclusive algo de incoherencia, pero creo que la reciente noticia del fallo del Consejo de Estado alrededor de la contratación por prestación de servicios es una buena noticia. No por sus negativos efectos inmediatos, claro está, sino por todo lo que ese fallo debe desatar.

Empecemos por lo primero. Esta semana el Consejo de Estado le puso límites a la contratación por prestación de servicios, que es una figura que se utilizan las entidades públicas de forma frecuente para contratar su personal sin tener que cumplir las responsabilidades laborales que tenemos el resto de los mortales con los empleados: vacaciones, indemnización y demás. Para ser específicos, el Estado ya no va a poder emplear a una persona por muchos años mediante contraticos de 2 o 3 meses y después argumentar que el trabajador no ha tenido la relación que efectivamente ha tenido.

Es decir, se le hace cada vez más difícil al Estado decir que la realidad no es la realidad, y eso es una buena noticia.

Diferentes estudios, misiones y comisiones de expertos han señalado lo inconveniente que es la regulación laboral colombiana. Entre ellos están algunos estudios de investigadores del Banco de la República que muestran que hay mejores alternativas al salario mínimo nacional. Otros, de los técnicos de la OCDE, que además de reiterar lo anterior señalan la inconveniencia de ponerles trabas de despido mal diseñadas que desincentivan la contratación formal. Por último y para no irnos más lejos, la misión de empleo que tenemos en curso pronto nos dará más propuestas de mejora.

Lo que está claro desde hace tiempo es que las cosas no van bien. No tiene ningún sentido que tengamos desempleo de dos cifras y que menos de la mitad de la población sea capaz de cumplir la regulación laboral. Esto tiene que cambiar.

En Colombia nos hemos acostumbrado a un equilibro en donde la economía y el empleo son mediocres, pero no lo suficiente como para despertar un deseo de cambios entre los políticos. Esto ha sido posible, en parte, porque las entidades públicas han encontrado en el abuso del contrato de prestación de servicios una válvula de escape para ignorar sin mayores inconvenientes esas gigantes trabas al empleo formal.

Esta situación se parece a la del inicio de la pandemia, cuando Claudia López encerró toda Bogotá, satanizó los viajes al exterior y prohibió salir a mercar con otro miembro de la familia. Un par de días después la vimos mercando junto a su esposa y, unos meses más tarde, en un cálido viaje a Costa Rica. Tan mal diseñadas fueron ambas estrategias —en la pandemia y en el mercado laboral— que ni siquiera quienes las diseñan estaban dispuestos a cumplirlas.

Cuando a todos —incluyendo a los políticos— se les obliga a las mismas cosas que les piden a sus ciudadanos, cuando se les obliga a jugarse la piel, el diseño de las cosas cambia por completo. Exactamente en eso avanzamos con esta noticia.

Tanto los análisis fatalistas como los analistas desentendidos se equivocan. Este fallo no va a colapsar el Estado y seguramente tampoco va a desatar la gran reforma laboral que necesitamos, pero sí nos va a poner a discutir sobre la forma en la que trabajamos en el siglo XXI y qué modalidades de contratación tienen más sentido para esto. La alternativa, en donde nos mantenemos en una situación donde todos sufrimos los costos, excepto quienes los imponen, sí que es una receta probada para el inmovilismo. En ese sentido, el fallo es una buena noticia: empeora el problema, pero nos une en la urgencia de mejorarlo.

@tinojaramillo