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Hace unos días, una activista estudiantil, de esas que hacen de las marchas su plataforma electoral, salió a decir que “en la política, el amor se demuestra en presupuesto”. A juzgar por la cuerda de mentiras que expuso en su argumento, la activista poco sabe de presupuesto y poco sabe de amor. Tal vez sea exagerado juzgarla, al fin y al cabo el presupuesto colombiano está diseñado para que los ciudadanos no lo entiendan.
Fíjense que es difícil pensar en otra herramienta económica más ligada a la esencia de la democracia que el presupuesto público. Los colombianos estamos decidiendo cómo gastarnos esta bolsa de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) que tiene la bobadita de $350 billones, una vaca a la que contribuimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos pero que a duras penas logramos discutir, por eso tenemos que reformarla.
El presupuesto debe ser una herramienta flexible para reflejar las preferencias de los votantes. Si los colombianos eligen a un presidente que quiere invertir mucho más en educación, o a otro que quiera aumentar el gasto en defensa o a un tercero que quiera reducir los gastos para bajar impuestos, cualquiera debería tener la capacidad ejecutar esas preferencias democráticas a través del presupuesto público. El problema es que, en la práctica, la ley colombiana les tiene las manos atadas a todos: no importan mucho sus planes de gobierno, el presupuesto es inflexible.
La rigidez del presupuesto es síntoma de un problema todavía más profundo, y es que los ciudadanos simplemente no tienen cómo ver de forma clara a dónde van los recursos. La activista estudiantil podrá estar perdida en casi todos los temas económicos de los que opina y en eso tiene su responsabilidad, pero cuando del presupuesto público se trata, la culpa es de la vaca.
O, mejor, de la forma en que construimos la vaca del PGN. Hoy en día un ciudadano común puede ver en el presupuesto que se le dio plata a un ministerio o a una entidad para que la ejecute. También puede ver si la plata se gastó en salarios, en deuda o en inversión, pero esa información en realidad no es útil para el ciudadano. Por eso es importante hacer una reforma para que los ciudadanos vean en el presupuesto no solo en qué se está gastando, sino el para qué: ¿qué se quiere lograr con ese gasto?
En eso han avanzado mucho los países más desarrollados: en tener un presupuesto enfocado no en los insumos que usa el gobierno, sino en los resultados. En palabras precisas, tenemos que avanzar hacia un presupuesto programático.
La propuesta detallada viene del capítulo de Francisco Azuero en el libro La urgencia de lo estructural, publicado por Econometría Consultores. La idea es implementar un presupuesto que le da claridad y transparencia a la vaca que hacemos los colombianos. En vez de hablar de que la plata se va en “funcionamiento” o “inversión”, empezar a asignársela al resultado esperado. Que se le asigne una plata a una entidad para alimentar X niños, emplear X personas, construir X kilómetros de carreteras o, por qué no, conectar X cantidad de colombianos a internet.
Al final del día, la división actual de funcionamiento/inversión en el presupuesto es inútil; es mejor que el gerente de la entidad escoja si es preferible usar un dinero para alquilar las oficinas (funcionamiento) o comprarlas (inversión): la ley poco se puede adaptar a la velocidad de las dinámicas de mercado.
Con las normas actuales tenemos poca flexibilidad para administrar el dinero de los colombianos, poca transparencia para que los ciudadanos entendamos y poca perspectiva, porque nos enfocamos en los insumos y no en los resultados. En muchos casos, la culpa no es de los ciudadanos. La culpa, como decía el libro, es de la vaca.
El presupuesto programático no solo permite mayor accountability de los servidores públicos, sino también una mejor calidad del gasto y mejores incentivos para tener personas competentes en el gobierno. Inclusive, podríamos dejar de usar la Ley de Presupuesto para colgarle micos pensionales y empezar a usarla para profundizar la democracia con una discusión pública informada. Eso sí que sería revolucionario.
