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El problema de los taxis en Colombia es un lío clásico de libro de texto: se crean barreras burocráticas inútiles en forma de “cupos” para regular cantidades en un mercado que puede establecer por sí mismo la cantidad de taxis. Se implementa un bodrio tarifario como si estuviéramos en plena era soviética, en una época en que se pueden modificar los precios en tiempo real, y se exigen estándares de seguridad tan mal diseñados que es difícil pensar que alguno de ellos haya prevenido aunque sea un solo paseo millonario.
La regulación que pretendía garantizar un transporte ordenado, sin abusos y sin atracos nos tiene hoy con un sistema inseguro, desordenado y lleno de abusos. Buenas intenciones, malos resultados.
Cuando hay muchos carros de transporte de pasajeros en circulación, el precio baja y ganan los consumidores: más gente pide servicios por el bajo precio y aumenta la cantidad demandada. Pero cuando el precio es muy bajo, los conductores que más alternativas tienen simplemente se salen del sistema. Por ejemplo, un universitario decide ir a tomar cerveza en vez de manejar en Uber, o trabajar de mesero u ofrecerles tutorías a sus compañeros de estudio. Cuando se reduce la oferta con esas salidas, aumenta el precio hasta el punto en que se llega al equilibrio.
Esa dinámica de mercado es posible porque está la empresa privada ocupando ese espacio. Esa competencia ha derivado en que hoy tenemos un sistema de verificación en tiempo real de reconocimiento facial que ha mitigado significativamente los problemas de seguridad. También, las empresas privadas han ampliado la oferta reclutando activamente a más conductores en ciudades que lo necesitaban desesperadamente y ha utilizado lo más moderno de la inteligencia artificial para establecer precios que no sean demasiado caros, pero que los conductores no queden mal remunerados. La tecnología y el mercado terminaron siendo más útiles para solucionar los problemas de precio, cantidad y seguridad, que lo que hizo la regulación con decenas de sabios escribiéndola.
El diagnóstico del fracaso del sistema de taxis no es un cuento mío, sino un sentimiento compartido por prácticamente todos los actores: el Gobierno, la oposición, los taxistas, los conductores de aplicaciones y los usuarios. Infortunadamente, la nueva propuesta del Gobierno de darles a los taxistas gasolina barata con precio privilegiado lo que hace es aumentar todavía más los beneficios de estar dentro del esquema fallido.
Eso es como solucionar un problema de diabetes bajándose una rosca de bocadillo con McFlurry de M&M’s y Coca-Cola al desayuno.
El precio del cupo se debe a una ficción jurídica, a una leguleyada rentista. Un peaje costosísimo e inútil para dificultarles la vida a los colombianos que quieren prestar un servicio de calidad a otras personas y ganarse la vida sin hacerle daño a nadie. El sistema de cupos no beneficia al usuario, no beneficia al Estado y no beneficia al resto de los ciudadanos, solamente ayuda a quienes están dentro de la rosca y tienen acceso a privilegios gracias a ella.
Mientras en el mundo se está debatiendo sobre las necesidades de nivelar la cancha entre taxistas y Uber a través de un desmonte de las regulaciones que no han sido eficaces, en Colombia lo que se propone es inflar el problema: agrandar la brecha entre el sistema regulado y el no regulado, aumentarles los privilegios a quienes hacen parte de un sistema fallido y subsidiar con la plata de los colombianos más vulnerables el chantaje que hace un grupo de interés.
Para un país que necesita estar a dieta de privilegios, lo que está ofreciendo el Gobierno es ampliar la rosca. Un sinsentido desde cualquier interpretación posible.
